Si calificamos como reaccionario a aquél que necesita una acción para fundamentar la suya propia –(reacción) -, tenemos un evidente ejemplo de este colectivo entre quienes ayer participaban en el acto de apoyo al juez Garzón. Porque hoy son ellos los verdaderos nostálgicos del franquismo, de una realidad que ya no existe, realidad a la que necesitan imperiosamente para reaccionar contra ella y, en esa reacción, justificarse en una especie de lucha democrática contra lo que ya no son más que fantasmas… o molinos de viento.
La verdadera lucha democrática de hoy es la que se libra en el frente de las instituciones para evitar que se malogre el principio de separación de poderes y se conserve una mínima tutela judicial y seguridad jurídica para los ciudadanos (principios fundamentales de nuestro sistema constitucional). En ese escenario por la consolidadción de nuestro sistema democrático, el acto de ayer fue un vergonzante paso atrás, porque nada tiene de democrático cuestionar el poder judicial de ese modo, demonizar a quienes han interpuesto la querella por prevaricación sólo porque son un grupúsculo falangista, olvidando que todos los ciudadanos, sean o no demócratas tienen derecho a la tutela judicial efectiva y pueden interponer las demandas que convengan a sus intereses, o utilizar la legitimad sindical obtenida de unas elecciones para una representación en el marco de las relaciones laborales, en algo tan alejado de ese marco como es el apoyo a un juez y el enfrentamiento con un Tribunal por un asunto puramente político.
Hoy se puede afirmar sin rodeos que los sindicatos participantes en el acto, han perdido legitimidad y son un poco menos demócratas y cabe preguntarse si su actuación tan radical y descompensada es sólo por apoyar a Garzón o se inserta en una nueva resurrección frentepopulista y guerracivilista, que busca el enfrentamiento de la sociedad donde no lo hay, que lucha contra el aburguesamiento y pretende recobrar clientes a través de la radicalización de posturas contra un enemigo.
(Ahora que ya casi no tienen empresariado contra el que luchar, debido al cierre masivo de empresas y al descrédito generalizado de sus recetas para luchar contra la crisis, necesitan reavivar el frente político).
La mayoría de las opiniones autorizadas en materia jurídica, - menos los sectarios que, olvidando los argumentos jurídicos ponen el acento en el aspecto político de la cuestión – ven que la demanda por prevaricación no carece del todo de lógica y merece al menos prosperar para que se ventile el juicio correspondiente, porque el hecho cierto es que el juez Garzón hizo una interpretación y aplicación torticera de la justicia y pasó por alto una Ley de amnistía que se dieron los españoles para cerrar las heridas abiertas por el régimen dictatorial de Franco.
La verdadera lucha democrática de hoy es la que se libra en el frente de las instituciones para evitar que se malogre el principio de separación de poderes y se conserve una mínima tutela judicial y seguridad jurídica para los ciudadanos (principios fundamentales de nuestro sistema constitucional). En ese escenario por la consolidadción de nuestro sistema democrático, el acto de ayer fue un vergonzante paso atrás, porque nada tiene de democrático cuestionar el poder judicial de ese modo, demonizar a quienes han interpuesto la querella por prevaricación sólo porque son un grupúsculo falangista, olvidando que todos los ciudadanos, sean o no demócratas tienen derecho a la tutela judicial efectiva y pueden interponer las demandas que convengan a sus intereses, o utilizar la legitimad sindical obtenida de unas elecciones para una representación en el marco de las relaciones laborales, en algo tan alejado de ese marco como es el apoyo a un juez y el enfrentamiento con un Tribunal por un asunto puramente político.
Hoy se puede afirmar sin rodeos que los sindicatos participantes en el acto, han perdido legitimidad y son un poco menos demócratas y cabe preguntarse si su actuación tan radical y descompensada es sólo por apoyar a Garzón o se inserta en una nueva resurrección frentepopulista y guerracivilista, que busca el enfrentamiento de la sociedad donde no lo hay, que lucha contra el aburguesamiento y pretende recobrar clientes a través de la radicalización de posturas contra un enemigo.
(Ahora que ya casi no tienen empresariado contra el que luchar, debido al cierre masivo de empresas y al descrédito generalizado de sus recetas para luchar contra la crisis, necesitan reavivar el frente político).
La mayoría de las opiniones autorizadas en materia jurídica, - menos los sectarios que, olvidando los argumentos jurídicos ponen el acento en el aspecto político de la cuestión – ven que la demanda por prevaricación no carece del todo de lógica y merece al menos prosperar para que se ventile el juicio correspondiente, porque el hecho cierto es que el juez Garzón hizo una interpretación y aplicación torticera de la justicia y pasó por alto una Ley de amnistía que se dieron los españoles para cerrar las heridas abiertas por el régimen dictatorial de Franco.
Un juez, de por sí sospechoso de vedettismo por muchos sumarios anteriores, se hace con casos dispersos, abiertos en distintos juzgados, para unificarlos y arrogarse para sí la competencia e iniciar lo que él entiende, será un mediático y popular juicio al régimen anterior. En ese proceso solo se inhibe cuando le llaman la atención los órganos judiciales superiores, pero el objetivo ya estaba logrado: Garzón había conseguido ya ser el artífice, el auspiciador de este juicio facilón y populachero, por delitos contra la humanidad, al que tanta rentabilidad política se podía sacar.
¿Para qué el Tribunal de La Haya? ¿Para qué nuestro Tribunal Supremo? ¿Para qué la amnistía aprobada en nuestras Cortes en el respetable proceso de transición que siguió a la dictadura? Todo eso no es más que un conjunto de detalles sin importancia ante el ímpetu y el impulso justiciero de Garzón.
De lo que se le acusa es de ignorar unas formas, unas instituciones, unos procedimientos que han emanado directamente de la soberanía popular. Nada más y nada menos. Y por hacer esto, se achaca al Tribunal que meramente ha admitido la demanda (recordemos que todavía no ha sentenciado) que “es cómplice de las torturas del franquismo”. Y esto lo dice un supuesto experto jurídico, por fortuna ya jubilado, como es el antiguo Fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo. Un despropósito sobre otro.
Sólo puedo en estos momentos sacar una funesta conclusión: Que nuestra democracia no está madura. No sólo no ha avanzado en los últimos tiempos, sino que ha retrocedido. Se pretende revisar una Ley de Amnnistía aprobada mayoritariamente. Se cuestiona la posibilidad de interponer una querella a una asociación, por el mero hecho de que es antidemocrática y de inspiración fascista pretendiendo conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo el mundo, sea falangista o sea De Juana Chaos. Se pretende laminar el prestigio del Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la querella, conculcando el principio de separación de poderes. Se utiliza a la Fiscalía General del Estado. Se acepta sin rechistar y se felicita a los sindicatos que se entrometen en asuntos políticos cuando su representatividad sindical debería reducirse al ámbito laboral y social. Se subvenciona a asociaciones anticonstitucionales, que niegan el sistema parlamentario y la bandera elegidos mayoritariamente por la soberanía popular. ¿Es todo esto democrático? ¿Acepta esta gente la democracia?
Sólo puedo en estos momentos sacar una funesta conclusión: Que nuestra democracia no está madura. No sólo no ha avanzado en los últimos tiempos, sino que ha retrocedido. Se pretende revisar una Ley de Amnnistía aprobada mayoritariamente. Se cuestiona la posibilidad de interponer una querella a una asociación, por el mero hecho de que es antidemocrática y de inspiración fascista pretendiendo conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo el mundo, sea falangista o sea De Juana Chaos. Se pretende laminar el prestigio del Tribunal Supremo por haber admitido a trámite la querella, conculcando el principio de separación de poderes. Se utiliza a la Fiscalía General del Estado. Se acepta sin rechistar y se felicita a los sindicatos que se entrometen en asuntos políticos cuando su representatividad sindical debería reducirse al ámbito laboral y social. Se subvenciona a asociaciones anticonstitucionales, que niegan el sistema parlamentario y la bandera elegidos mayoritariamente por la soberanía popular. ¿Es todo esto democrático? ¿Acepta esta gente la democracia?
Si nos descuidamos acabaremos en un sistema de purgas y comisariados. Una política que se asienta sobre el rencor y el revanchismo. Un parlamentarismo soez que busca la destrucción del contrario mediante la propaganda , que sigue pretendiendo ganar elecciones asociando al partido de la oposición con el franquismo en la mínima ocasión que tienen.
¡Ya está bien!