El respeto por la ley de Puigdemont

El poder político está sometido (también) al imperio de la ley en una democracia. Normalmente los falsos demócratas que suelen cimentar su poder sobre la manipulación del pueblo, desean ignorar este principio básico de cualquier democracia seria. El imperio de la ley es tan importante como la separación de poderes. Hoy Puigdemont quiere sustraerse a la ley para comparecer ante el Parlamento de la Generalidad y ser elegido como su presidente, sin haberse entregado a la justicia que le busca. Dice que hay un "contexto complicado" porque la "separación de poderes está constantemente afectada y vulnerada”. Pero está constantemente tergiversando porque el hecho de ser imputado y no poder presentar su candidatura no tiene nada que ver con una pretendida falta de separación de poderes: Todo lo contrario. Significa ni más ni menos que el poder judicial es independiente y la supuesta elegibilidad emanada de la soberanía de dos millones de almas, con una opinión tan legítima y válida como manipulada, no basta para saltarse la ley que, es para todos.

Al Sr. Puigdemont le interesa más seguir engañando a estas almas cándidas y hacerles creer que Rajoy manipula a todos los altos tribunales incluido el Constitucional. Es él quien manipula y fuerza la realidad de las cosas, haciendo creer a sus seguidores que no está sometido a la legislación española. Con todos los pasos que ha dado ha ofrecido una muestra sobrada y constante de que no respeta ni lo más mínimo el ordenamiento jurídico español y está intentando socavarlo y desestabilizarlo con el apoyo de algunos aliados – por fortuna pocos – en el ámbito internacional.

Solidaridad forzosa

Lo mío es la Seguridad Social y de eso algo entiendo. De un tiempo a esta parte se han introducido múltiples modificaciones legales por parte de gobiernos de todo signo en orden a obtener más ingresos, pero siempre se habían respetado hasta ahora los topes máximos de cotización. Debemos recordar que estamos hablando de cuotas (no de impuestos). La cuota tiene una naturaleza intermedia entre el concepto de prima de seguro y el de impuesto. Según se acerque más a una o a otro, estaremos en un sistema más contributivo o más asistencial.

Debemos matizar en primer lugar el concepto: ¿Es el sistema contributivo aquél en que más se contribuye a la riqueza de la sociedad? No. El sistema contributivo alude a la mayor o menor repercusión de lo que pagamos sobre lo que recibimos después. Cuanto más se parezca al aseguramiento de riesgos, más contributivo será el sistema.

Sin embargo el sistema de Seguridad Social es tradicionalmente redistributivo. El valor de retorno para algunas personas se disminuye y para otras, en relación a lo que cotizan, aumenta. En el extremo opuesto hay que ubicar las prestaciones asistenciales, ajenas al sistema de seguridad Social, pero financiadas con cargo a impuestos, que al fin y al cabo proceden también de los presupuestos generales. Estas prestaciones, los complementos por mínimos, las rentas de inserción etc. no son contributivas; son básicamente gratuitas o – dicho de otro modo – proceden de los impuestos.

Naturalmente un beneficiario de pensión asistencial (venido a más) podría decir: Yo tengo derecho a esta pensión porque pago mis impuestos… Sí, y también paga impuestos aquél que además paga cuota para su pensión contributiva.

En definitiva la Seguridad Social es un sistema de previsión obligatorio que comenzó su andadura fusionando aseguramientos, cajas y mutualidades para crear un entorno de ahorro “forzoso” encaminado a que el ahorrador recupere o rescate sus cotizaciones cuando se produzca alguna contingencia o situación de necesidad (nótese que aquí se habla de contingencia y no de riesgo, pero los conceptos son similares).

En los últimos tiempos, metidos ya de lleno en un modelo de sociedad bondadoso y etéreo, en el que obstinadamente se quiere insertar la Europa de hoy, nos encontramos con que el ahorro y la propia contribución, así como el valor de retorno son conceptos cada vez más cuestionados.

Los sistemas políticos se han entrometido con toda su carga ideológica en esta materia. Ya no estamos ante un aseguramiento sino ante una protección. Y esa protección entra en conflicto y se solapa con la protección contributiva. De hecho si las cuentas en un sistema de reparto como el nuestro, a día de hoy, no cuadran porque no es posible financiar las pensiones solamente con cotizaciones, la solución evidente y más lógica sería destinar partidas presupuestarias para financiar parte del gasto en Seguridad Social. Pero nada más lejos de la realidad: Las prestaciones asistenciales cada vez se reconocen con mayor alegría a más cantidad de gente y además no se ven perjudicadas por limitaciones en las subidas. Y mientras, lo que pretende el gobernante actual es eliminar los topes máximos de cotización sin eliminar las cuantías máximas de pensiones. Esto supone obligar a cotizar por algo que saben que es irrecuperable para el cotizante. Es rizar el rizo en la redistribución forzosa (que ya no se oculta ni disimula). Para algunos es una auténtica apropiación indebida. Lo que está claro es que la cantidad de subida ya no será cuota, sino impuesto. ¿Y a  quién o qué se destinará?

Si se tratara de financiar las pensiones de todos en proporción a la cuota, aun valdría, pero la tendencia en los últimos tiempos es a subir selectivamente las prestaciones: Suben más las bajas y las asistenciales y se aplican factores de revalorización restrictivos a las más altas. Muchos de los pensionistas que han protestado en los últimos tiempos por el famoso aumento del 0.25 % quizás ahora consigan un aumento según el IPC. Tendrán esa suerte porque ya está calculada y reconocida la pensión. Sin embargo las personas con sueldos superiores a la base máxima actual serán penalizadas con la obligación de cotizar por todo el exceso (y sus empresas también, respecto a la aportación empresarial).

Pero todos sabemos que la cotización es salario diferido: La empresa no querrá perder, por lo tanto los sueldos bajarán, o el número de contratados, para mantener constante el coste laboral, si es que no pueden alterarlo. Al final el Estado previsiblemente no recaudará mucho más, se resentirá la economía, pero eso sí, habremos acercado a ricos y pobres.

Lo que se pretende realmente cuando se exageran estas políticas sociales redistributivas es conseguir una solidaridad que el político venderá como un acierto aunque lo esté haciendo con el bolsillo ajeno. Solidaridad forzosa y fácil de conseguir por quien tiene la capacidad coercitiva para ello. ¿Pero realmente esto es justicia?