Soy un funcionario madrileño, y trabajo en la Seguridad Social. Nacido en una buena añada; la del 60. A la vez que empezaba a formarme como persona pude ver los últimos coletazos del régimen anterior, sin comprender todavía demasiado lo valiosa y rara que es una democracia avanzada en este mundo de guerras y sátrapas. Hoy me limito a ejercer un derecho de opinión porque me gusta la política (aunque no me gustaría protagonizarla).
Una cuarta parte del superávit en las cuentas públicas, lo regala ZP para obtener el poder. 400 euros por cabeza. Este irresponsable está elevando la puja por el voto hasta límites insospechados. Es un incentivo sin precedentes y cuando han decidido su puesta en práctica es porque piensan que la victoria electoral pende de un hilo.
Algo similar sucedió cuando el gobierno central regaló a los catalanes el nuevo Estatut: se trató, como ahora, de una oferta sin precedentes y claramente irresponsable, encaminada a la consecución de graneros de votos. Pero aquí, además, se trata de regalar la pasta de todos, haciendo gala de una administración temeraria. No es la primera medida, por cierto. Ahí tenemos las ayudas por vivienda para los jóvenes (otro granero de votos), el cheque bebé (otro más), los clásicos subsidios agrarios del Plan de Empleo Rural, en Andalucía, etc.
Y mientras tanto, se invierten en la bolsa los fondos de reserva de la Seguridad Social, destinados como todos sabemos al pago de las pensiones si surgen etapas de crisis en nuestro actual sistema de reparto con financiación de activos a los pasivos.
Se venden también las reservas de oro del Banco de España, alegando que en estos tiempos ya no es necesario.
Y uno se pregunta ¿Cómo van a cuadrar las cuentas? Y aunque cuadraran ¿Cómo se va a justificar este gasto irresponsable?
Habrá que abrir un capítulo en los Presupuestos Generales del Estado, llamado “Promesas pre-electorales” de forma que los ciudadanos sepamos cuánto dinero del erario público utiliza el gobernante de turno para ayudar a su partido. Porque, entendámonos, este dinero es más rentable que el que pueda gastar el PSOE en pegatinas y bocatas mitineros.
14 de enero de 2008
La nueva ordenación de tráfico ha traído consigo una disminución en general de la velocidad media de todos los vehículos. Hay una mayor prudencia. Siempre se dice: No merece la pena apurar las maniobras; es jugarse tontamente la vida. Y no falta razón a quienes eso afirman. ¡Cuantas burradas he podido ver en la carretera, que han puesto en riesgo a quienes las han hecho y a terceros!
Sin duda es preciso conseguir incrementar el civismo de la gente y que cada conductor tome conciencia de que lleva entre las manos una máquina potencialmente peligrosa. Hay muchos que consideran el coche una extensión de su persona y entran en competiciones con quienes les rodean de una forma tan absurda como peligrosa: Que si salgo antes en un semáforo, que si tardo menos que tú en llegar al siguiente, que si me has cerrado etc.
No es posible, si se argumenta con cordura, justificar estas conductas. Mucho menos la de aquéllos que siguen cogiendo el coche borrachos o drogados. Con todos estos especimenes debería actuarse de forma inflexible. Si alguien comete la inmensa irresponsabilidad de ocasionar muertes o lesiones a terceros por una conducción temeraria o si omite el deber de socorro, la justicia debe ser inflexible y rigurosa con él.
Sin embargo creo que las medidas que se están tomando adolecen de un doble problema:
El rigor es preventivo: No solo se ha incrementado el rigor en las penalizaciones como consecuencia de conductas especialmente negligentes o irresponsables. Las medidas rigurosas se han extendido a toda la población y se anticipan penalizando conductas que se consideran de riesgo, antes de que ocasionen daño alguno.
El rigor es indiscriminado: Al objetivar las conductas penalizadas (fundamentalmente el exceso de velocidad, sobre lo que tanto se ha insistido) se obtiene una peligrosa falta de discriminación que, quizás sea imposible de evitar, pero debe ser cuidadosamente administrada por las autoridades: Por ejemplo. Hay alguna calle en la que existe una limitación de velocidad a 40 Km/hora, junto a una señal de peligro por la cercanía de un colegio (en la que se justifica). Si fuera del horario lectivo, o en fin de semana, se coloca un coche camuflado del Ayuntamiento con el rádar a detectar excesos, los infractores van a caer como chinches. Este es un ejemplo real que he presenciado en Madrid, en la calle Silvano, junto al Liceo Francés (vía por la que hasta los autobuses de la EMT circulan a una velocidad aproximada de 60 km/hora, dadas sus características). En este caso, si las autoridades van a detectar excesos de velocidad durante el horario lectivo, no conseguirán poner ni una multa porque la velocidad media de toda la calle es de 15 por hora. Ahora bien; si lo que quieren es recaudar, acudirán cuando más probabilidades haya de que los incautos caigan en la trampa. Por otra parte sabemos que las máquinas son ciegas. No saben discriminar. De modo que si instalamos un radar oculto en según qué sitio se va a disparar sistemáticamente.
Hay muchos conductores responsables que, en determinados lugares exceden los límites de velocidad. Y éstos ahora pueden ser no solo penalizados sino mal vistos por una colectividad “cívica y prudente” que aplica a rajatabla las limitaciones en todo lugar y circunstancia. Parece como que estuviera invitando a incumplir las normas. Alguien puede contestarme que esos conductores que exceden las limitaciones no son responsables y contra eso es contra lo que me rebelo interiormente: El borregismo de tener que obedecer en toda circunstancia y lugar unas normas muchas veces arbitrarias y manifiestamente mejorables.
¿Quién no se ha saltado un semáforo en una rotonda vacía con perfecta visibilidad, en la que no se ve aproximarse ningún vehículo desde más allá de 200 metros? ¿Quién no ha ido a 110 por hora o incluso 120 por la M30 a determinadas horas en que está completamente vacía? ¿Quién no ha visto alguna raya continua en una recta con plena visibilidad en una carretera de doble dirección, sin salidas laterales ni motivo alguno que justifique esa prohibición?
El ser humano es falible. Y el ser humano que pone estas normas también.
Ahora todos tenemos que afrontar por las imprudencias de unos pocos, una reglamentación rigurosa y excesiva, y la indignación que muchos sentimos es creciente. Cuando se estableció el sistema de puntos y "reeducación forzosa" del infractor sancionado, parecía una alternativa razonable frente a esa sostenida costumbre de los poderes públicos de recurrir siempre a la sanción pecuniaria. Muchos, entonces, hartos de que se meta la mano ajena en su bolsillo con cualquier pretexto, llegarían a la conclusión de que se prefería sinceramente evitar el mal antes que recaudar dinero, por cuanto se abría una nueva posibilidad como era sancionar con la pérdida de puntos y los cursos de auto escuela forzosos. La realidad es que se han elevado las sanciones económicas, además de tejer toda una nueva red de clientelismo alrededor del carnet por puntos: Las autoescuelas pagan tasas por impartir los cursos y tener formadores. Hay cursos de formación de formadores, quienes a su vez reeducan a los ciudadanos que, al final costean todo el proceso (además de pagar las multas de rigor).
Y todo eso ¿Para qué ha servido? Para conseguir una reducción en el número de muertos por accidentes de tráfico (reducción que no ha sido tan grande como la esperada, porque hay y seguirá habiendo muchos accidentes que no se deben al exceso de velocidad).
Se nota la política, con minúsculas. Un himno que, en principio nace para toda la vida, va a reflejar la pobreza de espíritu de nuestra política actual. Se capta el mensaje: quiere ser un himno para muchos pueblos "con distinta voz", identifica el amor a la patria con abrazar a pueblos en libertad. Es el himno autonómico, de la diversidad; es el himno oficialista "anti-unidad". Muy apto para ser entonado ante la ausencia de la bandera nacional que se mantiene en muchos de nuestros ayuntamientos y bajo la presencia de los banderines autonómicos.
Sin duda el jurado ha hecho lo que debía. Ha sido aleccionado para intentar volcar en el himno la diversidad (insistiendo en la idea peregrina de que - en materia de naciones - la diversidad es virtud). También (cómo no) está la idea de PAZ en abstracto, que tan buen juego proporciona.
Ese sospechoso jurado en el que interviene la SGAE ha votado un himno "de un perdedor" que entiende que está destinado a la España de clase media que va en metro. ¡Cuantos tópicos precocinados! ¡Cuanta coincidencia con la política socialista! ¿Es Paulino Rivero tan solo un nombre prestado para una autoría de sospechoso contenido político? ¿O es que este buen señor está tan en sintonía con ZP & C0, que no hace falta siquiera recurrir a la chanchullera SGAE para que hagan de negros?
Y mientras ¿Qué opinan aquéllos a quienes el himno generosamente intenta acoger en su seno? Pues sencillamente que no es su himno; es lo que ha dicho, por ejemplo, Joan Tardá cuando le han pedido su opinión. ¿Qué va a decir este señor si no se siente español?
Los avances tecnológicos y la aparición de nuevos y baratos soportes informáticos han afectado en mayor medida a determinados productos culturales, ahora susceptibles a la replicación privada. El mercado del ocio audiovisual ha nacido prácticamente liberalizado, desde su paso a la digitalización. Y esto es así porque la conversión en archivos binarios de los textos, imágenes o sonidos permite su reproducción privada y su copia con unas dificultades técnicas muy reducidas.
Ante este hecho inexorable, la industria de la cultura debe adaptarse a través de sistemas imaginativos que reduzcan costes, que inciten al consumo de productos originales, que diversifiquen la oferta, que eliminen intermediarios. Es decir: debe producirse la conversión de este sector, como sucedió sin ir más lejos con el carbón asturiano cuya producción estaba por encima de los costes asumibles.
En la cultura se argumenta que si no hay medidas proteccionistas para con los autores, la copia privada e Internet pueden traer consigo el fin de la creación y una subsiguiente sequía de obras artísticas y culturales. Pero cabe preguntarse:
¿Por qué el ciudadano ha de conformarse con pagar un precio fuera de mercado por esta obra cultural? Y lo que es peor ¿Por qué ha de hacerlo forzosamente quien no desea - en uso de su libertad ser consumidor de esa obra?
Pensemos en un arquitecto: El también es un autor de una obra cultural, sin embargo cobra en origen. Recibe su pago en una única vez y a nadie se le ocurre pensar que cada vez que pasemos - por ejemplo- andando por delante del cubo de Moneo tengamos que pasar por taquilla para pagarle derechos de autor. Su obra no se reproduce; Se produce. En el caso de la edición de libros discos o películas, la causa de que no estemos ante el mismo proceso no depende del autor que podría recibir un adelanto de la discográfica o de la editorial. Depende realmente de estas empresas, que no están actuando como tales y no quieren arriesgarse a tener pérdidas si el producto no tiene después el éxito esperado o deseado. Esta forma de pago es la que se ha puesto realmente en crisis ante las novedades técnicas que se vienen extendiendo, pero en lugar de revisarla se acude al Estado para que legisle medidas recaudatorias - el canon es realmente un impuesto indirecto sobre el consumo que viene a añadirse al IVA, o sea es un impuesto añadido al de valor añadido -.
Se dice que éste es un dinero que no va a las empresas editoras o discográficas. Naturalmente: Va a las arcas de la SGAE quien lo reparte con arreglo a no se sabe bien qué criterios entre los autores. Pero ello es porque las empresas repercuten sobre éstos últimos las pérdidas, intentando mantener incólumes sus beneficios. Los autores repentinamente asisten a una devaluación de su propia obra que deja de ser pagada porque sus empresas no recaudan lo suficiente.
Por otra parte, se interpreta que las empresas tecnológicas, que posibilitan el copiado de la obra de autor mediante los aparatos y soportes de clonado que comercializan, están obteniendo un beneficio como consecuencia de estos procesos de copiado y, por ese motivo encarece el precio de sus productos mediante el establecimiento de un canon que, como es lógico, ellas repercuten en el precio, yendo directamente a afectar el bolsillo del consumidor.
De este modo nadie pierde: Ni la empresa que contrata al autor, ni el propio autor, ni la empresa que comercializa la tecnología de copia... ¿nadie?
Si; Hay alguien que pierde. El consumidor, del que dependen todos los citados. Por eso han tenido cuidado de no elevar en exceso el porcentaje del canon. No quieren disuadirnos de que sigamos consumiendo sus productos. Solo quieren parasitar un poquito, sin excederse para no agotar la fuente de recursos.
El procedimiento en sí, adolece de muchos defectos y provoca a primera vista la sensación de que se ha recurrido a la vía más sencilla y menos imaginativa:
- El sector no solo no se plantea su reconversión, sino que nos repercute los costes a quienes no tenemos nada que ver con su declive. Es como si se hubiera creado un impuesto específico para que compensara las pérdidas de la minería asturiana y las minas siguieran vendiendo su poco competitivo carbón.
- El nuevo sistema es incapaz de discriminar cuando los aparatos o soportes gravados con el canon se van a utilizar realmente para realizar copias; en muchos casos -probablemente en la mayoría - se usan para grabar o reproducir datos personales o copias originales legalmente adquiridas. El uso que se da a las cámaras de fotos digitales (también gravadas con este canon) es de forma abrumadora privado. Lo mismo sucede con los teléfonos móviles: Solo una parte de la población los usa para almacenar tonos o canciones. La inmensa mayoría los utilizamos para enviar o recibir llamadas o mensajes y no vamos más allá.
- El pago del canon no discrimina entre obras extranjeras o españolas, ni entre autores asociados a la SGAE o no asociados. Si se hace una copia privada, por ejemplo de un archivo mp3 de una canción de los Beatles, no se está provocando ninguna pérdida a los autores españoles. La realidad es que muchos de los soportes adquiridos para copias (CDs y DVDs) realmente se usan para copiar obras extranjeras. En el caso de las películas esto es un hecho apabullante: las películas españolas no es que no queramos copiarlas, es que mayoritariamente no nos interesa ni verlas en el cine. ¡Qué gran paradoja que sus autores cobren prebendas de la SGAE porque supuestamente la ciudadanía copia privadamente sus obras! (será por eso por lo que no van a los cines a pasar por taquilla: estamos todos como locos copiando los títulos españoles y bajándolos de internet).
- El pago del canon se justifica por la realización de copias privadas, pero los soportes originales siguen conteniendo los sistemas anti-copia. Entonces, en qué quedamos ¿Es legal o no, la copia privada? Y si no es legal ¿Cómo se justifica el canon? Y si es legal ¿Por qué se permite el software anticopia en los soportes originales?
- El nuevo sistema permite que una entidad, por completo privada, recaude lo que constituye un verdadero impuesto y destine la recaudación a fines que ella misma determina sin dar cuentas a nadie, permitiéndose así una opacidad y descontrol que jamás se permitiría con los caudales públicos de una administración cualquiera (ya sea local, central o autonómica).
- El nuevo sistema consagra un clientelismo político, pervirtiendo un sector que, de por sí, debería caracterizarse por su independencia de criterio y falta de alineamiento. Ahora la SGAE y sus integrantes pasan a engrosar la nómina en la que ya figuran tantos otros "estómagos agradecidos" al PSOE de Zapatero (y con ello se hacen automáticamente sospechosos de parcialidad en sus obras, en muchas de las cuales no por casualidad se revive ultimamente todo eso de la Guerra Civil y la memoria histórica). Ese clientelismo no discurre en una única dirección sino que es una verdadera relación sinalagmática de reciprocidad: El gobierno paga favores pasados de este sector (con su lucha a favor de la "paz") y el sector paga con su alineamiento izquierdista, en el que - todo hay que decirlo - los autores e intelectuales de bajo perfil siempre se han sentido más cómodos.
Por último señalar que muchos estamos hartos de alarmismo. Supuestamente los sistemas de copia y el abaratamiento y accesibilidad de la tecnología doméstica para clonar obras intelectuales van a acabar - como dicen - con la creación artística. Este argumento es más que discutible. Yo lo que creo es que los bienes culturales y artísticos están, como otros muchos bienes más prosaicos, dentro de sus mercados de consumo. Siempre ha sido así, y no hay razón para que se intervenga en el mercado de bienes culturales más que en otros. Los autores y artistas de éxito siempre han ganado mucho dinero y los que no tienen éxito, como pasa en todas las profesiones, deberían dedicarse a otra cosa en lugar de ser subvencionados.
El ciudadano, por otra parte, siempre va a consumir productos audiovisuales. De hecho, en estos tiempos los consume más que nunca y, como no es tonto, si el producto está ajustado en calidad y precio es seguro que preferirá el original antes que una mala copia. Pero también es cierto que ahora no se conforma con cualquier cosa, tiene más recursos para seleccionar. Es más libre y menos conformista. Ya no estamos por fortuna en los tiempos de los LPs en los que la discográfica de turno te sacaba al mercado tan solo seis o siete temas de un artista, de los cuales había un éxito en cada cara. No se editaban tantas recopilaciones como ahora, ni había tanta variedad o cantidad como hay ahora. El consumidor era un esclavo de lo que querían imponerle. Ahora podemos, si queremos, elaborar nuestros propios CDs mediante la compra legal en internet de los temas sueltos que prefiramos. Pues bien: toda esa competitividad y abundancia, lejos de perjudicar, es muy positiva para la creación.