La nueva ordenación de tráfico ha traído consigo una disminución en general de la velocidad media de todos los vehículos. Hay una mayor prudencia. Siempre se dice: No merece la pena apurar las maniobras; es jugarse tontamente la vida. Y no falta razón a quienes eso afirman. ¡Cuantas burradas he podido ver en la carretera, que han puesto en riesgo a quienes las han hecho y a terceros!

Sin duda es preciso conseguir incrementar el civismo de la gente y que cada conductor tome conciencia de que lleva entre las manos una máquina potencialmente peligrosa. Hay muchos que consideran el coche una extensión de su persona y entran en competiciones con quienes les rodean de una forma tan absurda como peligrosa: Que si salgo antes en un semáforo, que si tardo menos que tú en llegar al siguiente, que si me has cerrado etc.

No es posible, si se argumenta con cordura, justificar estas conductas. Mucho menos la de aquéllos que siguen cogiendo el coche borrachos o drogados. Con todos estos especimenes debería actuarse de forma inflexible. Si alguien comete la inmensa irresponsabilidad de ocasionar muertes o lesiones a terceros por una conducción temeraria o si omite el deber de socorro, la justicia debe ser inflexible y rigurosa con él.

Sin embargo creo que las medidas que se están tomando adolecen de un doble problema:

El rigor es preventivo: No solo se ha incrementado el rigor en las penalizaciones como consecuencia de conductas especialmente negligentes o irresponsables. Las medidas rigurosas se han extendido a toda la población y se anticipan penalizando conductas que se consideran de riesgo, antes de que ocasionen daño alguno.

El rigor es indiscriminado: Al objetivar las conductas penalizadas (fundamentalmente el exceso de velocidad, sobre lo que tanto se ha insistido) se obtiene una peligrosa falta de discriminación que, quizás sea imposible de evitar, pero debe ser cuidadosamente administrada por las autoridades: Por ejemplo. Hay alguna calle en la que existe una limitación de velocidad a 40 Km/hora, junto a una señal de peligro por la cercanía de un colegio (en la que se justifica). Si fuera del horario lectivo, o en fin de semana, se coloca un coche camuflado del Ayuntamiento con el rádar a detectar excesos, los infractores van a caer como chinches. Este es un ejemplo real que he presenciado en Madrid, en la calle Silvano, junto al Liceo Francés (vía por la que hasta los autobuses de la EMT circulan a una velocidad aproximada de 60 km/hora, dadas sus características). En este caso, si las autoridades van a detectar excesos de velocidad durante el horario lectivo, no conseguirán poner ni una multa porque la velocidad media de toda la calle es de 15 por hora. Ahora bien; si lo que quieren es recaudar, acudirán cuando más probabilidades haya de que los incautos caigan en la trampa. Por otra parte sabemos que las máquinas son ciegas. No saben discriminar. De modo que si instalamos un radar oculto en según qué sitio se va a disparar sistemáticamente.

Hay muchos conductores responsables que, en determinados lugares exceden los límites de velocidad. Y éstos ahora pueden ser no solo penalizados sino mal vistos por una colectividad “cívica y prudente” que aplica a rajatabla las limitaciones en todo lugar y circunstancia. Parece como que estuviera invitando a incumplir las normas. Alguien puede contestarme que esos conductores que exceden las limitaciones no son responsables y contra eso es contra lo que me rebelo interiormente: El borregismo de tener que obedecer en toda circunstancia y lugar unas normas muchas veces arbitrarias y manifiestamente mejorables.

¿Quién no se ha saltado un semáforo en una rotonda vacía con perfecta visibilidad, en la que no se ve aproximarse ningún vehículo desde más allá de 200 metros? ¿Quién no ha ido a 110 por hora o incluso 120 por la M30 a determinadas horas en que está completamente vacía? ¿Quién no ha visto alguna raya continua en una recta con plena visibilidad en una carretera de doble dirección, sin salidas laterales ni motivo alguno que justifique esa prohibición?

El ser humano es falible. Y el ser humano que pone estas normas también.

Ahora todos tenemos que afrontar por las imprudencias de unos pocos, una reglamentación rigurosa y excesiva, y la indignación que muchos sentimos es creciente. Cuando se estableció el sistema de puntos y "reeducación forzosa" del infractor sancionado, parecía una alternativa razonable frente a esa sostenida costumbre de los poderes públicos de recurrir siempre a la sanción pecuniaria. Muchos, entonces, hartos de que se meta la mano ajena en su bolsillo con cualquier pretexto, llegarían a la conclusión de que se prefería sinceramente evitar el mal antes que recaudar dinero, por cuanto se abría una nueva posibilidad como era sancionar con la pérdida de puntos y los cursos de auto escuela forzosos. La realidad es que se han elevado las sanciones económicas, además de tejer toda una nueva red de clientelismo alrededor del carnet por puntos: Las autoescuelas pagan tasas por impartir los cursos y tener formadores. Hay cursos de formación de formadores, quienes a su vez reeducan a los ciudadanos que, al final costean todo el proceso (además de pagar las multas de rigor).

Y todo eso ¿Para qué ha servido? Para conseguir una reducción en el número de muertos por accidentes de tráfico (reducción que no ha sido tan grande como la esperada, porque hay y seguirá habiendo muchos accidentes que no se deben al exceso de velocidad).