Todos deseamos que haya
seguridad en la conducción. Cada vez hay más vehículos que deben hacer uso de
unas vías de comunicación en las que se trata de evitar riesgos innecesarios y
pérdida de vidas. Hasta ahí de acuerdo. Pero me veo obligado a matizar este principio con algunas
reflexiones políticamente incorrectas:
Los
accidentes no son siempre debidos al exceso de velocidad: Se
ha criminalizado especialmente por la velocidad, pero hay muchos accidentes que
son debidos al sueño del conductor, a las malas condiciones del vehículo o de
la carretera, a la falta de pericia etc. ¿Por qué siempre pensamos en la
velocidad? ¿Por qué se sigue limitando en tantos lugares? Vamos a acabar todos
casi parados. Aquellos conductores que van con miedo porque conducen mal y con
inseguridad tienden a ir excesivamente despacio y ahora con la nueva cultura
represora de la velocidad se han enseñoreado por la calles. Es natural: Son
mayoría y les ampara la norma y la hipotética racionalidad. Ellos son los
prudentes y quienes queremos adelantarlos somos los hostigadores. Pero ¿Por qué
siempre se ponen en el carril izquierdo? ¿Por qué siempre pasan ellos el
semáforo en ámbar y quienes vamos detrás, desesperados con su injustificada
lentitud, nos quedamos atrapados en el semáforo? ¿Es que no tienen nada que
hacer, que van con esa parsimonia?
La velocidad demasiado
lenta, la torpeza en las incorporaciones, el despiste en los cambios de carril
etc. también provocan muchos accidentes y no se advierte que haya ninguna
tendencia para penalizar estas conductas.
Las
limitaciones no son siempre para evitar los accidentes: Hay
demasiados casos en los que resulta obvio que las limitaciones de velocidad y
los instrumentos de detección se instalan para “cazar” a los conductores y el
fin solo puede ser recaudatorio. El volumen total de dinero recaudado a través
de multas debería destinarse exclusivamente a la mejora de infraestructuras. Es
inadmisible poner una limitación de velocidad excesiva en un lugar que no lo
pide, para instalar después un radar. Cuando uno de estos radares caza a
demasiados conductores es que está mal puesto. Por ejemplo, en la entrada a
Madrid por la autovía de Extremadura que, en ocasiones – sobre todo de noche –
tiene los tres carriles vacíos y presenta buenas condiciones de seguridad, no
es de recibo poner una limitación a 50. En ese lugar caerá mucha gente hasta
que ya sea conocido y los conductores estén sobre aviso. Y cuando ya lo estén,
lo único que se habrá conseguido es ralentizar injustificadamente el tráfico y
provocar más molestias a la ciudadanía. Eso ya ha sucedido en muchos túneles de
Madrid, en la M30 etc.
Atravesar España es sortear
demasiadas trampas e incluso con navegadores GPS que avisen de los radares hay
muchas probabilidades de que te sancionen. La razón es que las limitaciones de
velocidad son demasiado exigentes. Hoy hay muchos coches que te ofrecen la
posibilidad de viajar cómodamente a 150 o más (según la marca y el estado del
vehículo) y hay lugares, sobre todo en las autopistas de peaje en donde se debería
poder circular a gusto sin miedo a esas trampas. Muchas veces basta con
mantener una velocidad de crucero de 120 para que le entre al conductor una somnolencia
insoportable y eso también comporta un riesgo innecesario.
La
responsabilidad de los accidentes no es siempre del conductor: Las
vías de comunicación dejan mucho que desear y la solución vendría por una
modificación del trazado o por una eliminación de las causas del riesgo. Las autoridades
se conforman con señalizar los tramos de riesgo forzando a una reducción de
velocidad en los mismos. Ese aviso ya les sirve para evitar la exigencia de
responsabilidades administrativas, pero realmente no constituye una solución al
problema: Las carreteras deben ser mejores. Hay que invertir en
infraestructuras para poder exigir seguridad a los conductores. Y hay que
adaptar las normas de tráfico a cada lugar en virtud de la seguridad que presente:
En una buena autopista, por ejemplo, nada impide que se eleve la limitación de
velocidad o se suprima, como sucede en otros países. Esta actitud reforzaría la
legitimidad de las normas de limitación de velocidad en otros lugares. (El
ciudadano tendería a verlas como necesarias y no como un capricho o un
instrumento para recaudar).
La
siniestralidad en las vías de comunicación no es un tema con el que se deba
hacer política: Los políticos de turno hablan indebidamente
de records y los cómputos para batir las marcas siempre son – cómo no – los muertos
y heridos, aumentando siempre la presión sobre los conductores, siempre
buscando aproximarse al riesgo cero. Esto es algo irresponsable porque provoca
un endurecimiento de posturas por parte de la Administración pública (que tiene
la sartén por el mango) y una justificación proporcional para criminalizar a
los conductores. Acaban haciendo lo que la sabiduría popular llama “matar
moscas a cañonazos”. Infracciones cada vez más pequeñas se llevan sanciones
cada vez más grandes porque cada vez es más difícil recaudar, cuando ya han
conseguido llevar a casi todo el mundo al redil y todos conducimos como
borregos adocenados. Los accidentes normalmente se provocan por incumplimientos
graves y cabe preguntarse si un endurecimiento de las normas para todos, va a
conducir a una modificación en la conducta de los mayores incumplidores.
Las
carreteras son un suculento negocio para muchos: Alguien
tendría que investigar las adjudicaciones en carteles luminosos que en algunos
tramos se sitúan cada pocos metros y tienen una dudosa utilidad (más en estos
tiempos en los que los propios navegadores de los coches se conectan a la
información del tráfico, congestiones, vías alternativas etc.). Ahora solo
sirven para contener en muchos casos mensajes intimidatorios: “Tirar colillas,
cuatro puntos”. Por cierto: A propósito de este último mensaje ¿Qué tiene que
ver el tirar una colilla encendida y provocar un incendio con el tráfico? Nunca
he sabido por qué ese hecho (que me parecería muy bien que se sancionara como
infracción administrativa e incluso como delito) te hace perder puntos en el
carnet de conducir. Lo mismo ha sucedido en el pasado con los triángulos señalizadores
de avería, con las sillas y elevadores para los niños, etc… Todas las
obligaciones que comportan la adquisición de algo para mí son sospechosas y
deberían ser investigadas. Pero aparte de eso se trata de una nueva forma de
mermar el bolsillo de los ciudadanos y de justificar la comisión de
infracciones. Imaginemos un padre que tiene un coche de cinco plazas y tres
hijos y en un desplazamiento los tres coinciden en el asiento trasero del
coche. Lo más normal es que no haya comprado tres sillas de seguridad y/o
elevadores, asumiendo el riesgo de ser “cazado” a cambio de no realizar ese
gasto.
