El negocio de poner trampas a los ciudadanos

Todos deseamos que haya seguridad en la conducción. Cada vez hay más vehículos que deben hacer uso de unas vías de comunicación en las que se trata de evitar riesgos innecesarios y pérdida de vidas. Hasta ahí de acuerdo. Pero me veo obligado a matizar este principio con algunas reflexiones políticamente incorrectas:

Los accidentes no son siempre debidos al exceso de velocidad: Se ha criminalizado especialmente por la velocidad, pero hay muchos accidentes que son debidos al sueño del conductor, a las malas condiciones del vehículo o de la carretera, a la falta de pericia etc. ¿Por qué siempre pensamos en la velocidad? ¿Por qué se sigue limitando en tantos lugares? Vamos a acabar todos casi parados. Aquellos conductores que van con miedo porque conducen mal y con inseguridad tienden a ir excesivamente despacio y ahora con la nueva cultura represora de la velocidad se han enseñoreado por la calles. Es natural: Son mayoría y les ampara la norma y la hipotética racionalidad. Ellos son los prudentes y quienes queremos adelantarlos somos los hostigadores. Pero ¿Por qué siempre se ponen en el carril izquierdo? ¿Por qué siempre pasan ellos el semáforo en ámbar y quienes vamos detrás, desesperados con su injustificada lentitud, nos quedamos atrapados en el semáforo? ¿Es que no tienen nada que hacer, que van con esa parsimonia?

La velocidad demasiado lenta, la torpeza en las incorporaciones, el despiste en los cambios de carril etc. también provocan muchos accidentes y no se advierte que haya ninguna tendencia para penalizar estas conductas.

Las limitaciones no son siempre para evitar los accidentes: Hay demasiados casos en los que resulta obvio que las limitaciones de velocidad y los instrumentos de detección se instalan para “cazar” a los conductores y el fin solo puede ser recaudatorio. El volumen total de dinero recaudado a través de multas debería destinarse exclusivamente a la mejora de infraestructuras. Es inadmisible poner una limitación de velocidad excesiva en un lugar que no lo pide, para instalar después un radar. Cuando uno de estos radares caza a demasiados conductores es que está mal puesto. Por ejemplo, en la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura que, en ocasiones – sobre todo de noche – tiene los tres carriles vacíos y presenta buenas condiciones de seguridad, no es de recibo poner una limitación a 50. En ese lugar caerá mucha gente hasta que ya sea conocido y los conductores estén sobre aviso. Y cuando ya lo estén, lo único que se habrá conseguido es ralentizar injustificadamente el tráfico y provocar más molestias a la ciudadanía. Eso ya ha sucedido en muchos túneles de Madrid, en la M30 etc.

Atravesar España es sortear demasiadas trampas e incluso con navegadores GPS que avisen de los radares hay muchas probabilidades de que te sancionen. La razón es que las limitaciones de velocidad son demasiado exigentes. Hoy hay muchos coches que te ofrecen la posibilidad de viajar cómodamente a 150 o más (según la marca y el estado del vehículo) y hay lugares, sobre todo en las autopistas de peaje en donde se debería poder circular a gusto sin miedo a esas trampas. Muchas veces basta con mantener una velocidad de crucero de 120 para que le entre al conductor una somnolencia insoportable y eso también comporta un riesgo innecesario.

La responsabilidad de los accidentes no es siempre del conductor: Las vías de comunicación dejan mucho que desear y la solución vendría por una modificación del trazado o por una eliminación de las causas del riesgo. Las autoridades se conforman con señalizar los tramos de riesgo forzando a una reducción de velocidad en los mismos. Ese aviso ya les sirve para evitar la exigencia de responsabilidades administrativas, pero realmente no constituye una solución al problema: Las carreteras deben ser mejores. Hay que invertir en infraestructuras para poder exigir seguridad a los conductores. Y hay que adaptar las normas de tráfico a cada lugar en virtud de la seguridad que presente: En una buena autopista, por ejemplo, nada impide que se eleve la limitación de velocidad o se suprima, como sucede en otros países. Esta actitud reforzaría la legitimidad de las normas de limitación de velocidad en otros lugares. (El ciudadano tendería a verlas como necesarias y no como un capricho o un instrumento para recaudar).

La siniestralidad en las vías de comunicación no es un tema con el que se deba hacer política: Los políticos de turno hablan indebidamente de records y los cómputos para batir las marcas siempre son – cómo no – los muertos y heridos, aumentando siempre la presión sobre los conductores, siempre buscando aproximarse al riesgo cero. Esto es algo irresponsable porque provoca un endurecimiento de posturas por parte de la Administración pública (que tiene la sartén por el mango) y una justificación proporcional para criminalizar a los conductores. Acaban haciendo lo que la sabiduría popular llama “matar moscas a cañonazos”. Infracciones cada vez más pequeñas se llevan sanciones cada vez más grandes porque cada vez es más difícil recaudar, cuando ya han conseguido llevar a casi todo el mundo al redil y todos conducimos como borregos adocenados. Los accidentes normalmente se provocan por incumplimientos graves y cabe preguntarse si un endurecimiento de las normas para todos, va a conducir a una modificación en la conducta de los mayores incumplidores.

Las carreteras son un suculento negocio para muchos: Alguien tendría que investigar las adjudicaciones en carteles luminosos que en algunos tramos se sitúan cada pocos metros y tienen una dudosa utilidad (más en estos tiempos en los que los propios navegadores de los coches se conectan a la información del tráfico, congestiones, vías alternativas etc.). Ahora solo sirven para contener en muchos casos mensajes intimidatorios: “Tirar colillas, cuatro puntos”. Por cierto: A propósito de este último mensaje ¿Qué tiene que ver el tirar una colilla encendida y provocar un incendio con el tráfico? Nunca he sabido por qué ese hecho (que me parecería muy bien que se sancionara como infracción administrativa e incluso como delito) te hace perder puntos en el carnet de conducir. Lo mismo ha sucedido en el pasado con los triángulos señalizadores de avería, con las sillas y elevadores para los niños, etc… Todas las obligaciones que comportan la adquisición de algo para mí son sospechosas y deberían ser investigadas. Pero aparte de eso se trata de una nueva forma de mermar el bolsillo de los ciudadanos y de justificar la comisión de infracciones. Imaginemos un padre que tiene un coche de cinco plazas y tres hijos y en un desplazamiento los tres coinciden en el asiento trasero del coche. Lo más normal es que no haya comprado tres sillas de seguridad y/o elevadores, asumiendo el riesgo de ser “cazado” a cambio de no realizar ese gasto.