Algunos creen que esa Reforma consiste en reconocer la sanidad y la vivienda como derechos fundamentales:
Quien dice esto parece ignorar que ambos derechos ya están reconocidos en la
parte programática del Texto Constitucional. Lo que sucede es que los poderes
públicos no pueden comprometerse a repartir casas a todas las personas
Sobre la vivienda: El desarrollo
de este derecho nos lleva a preguntarnos algunas cuestiones relevantes ¿Quién
es sujeto de este derecho? ¿Las personas o las familias? ¿Ese derecho se extendería
también a todos los que viven en el territorio español aunque no tengan la
nacionalidad española? ¿Tenemos que proporcionar una casa a cada emigrante que
llegue de forma ilegal a nuestro país? ¿Hay recursos para acometer la
construcción de tanta vivienda pública? ¿Para no llegar a construir, podrían
los poderes públicos expropiar casas vacías? ¿Cómo trataría la Constitución la
colisión inevitable que se produciría con el derecho a la propiedad privada?
En conclusión ¿Hay que dar en
esta materia un enfoque radical de izquierdas a nuestra Constitución? Que el
derecho a la vivienda pase de ser algo programático (a desarrollar o fomentar
por los poderes públicos), a ser algo tangible y concreto (Dar a todo el mundo
una vivienda cuando lo solicite y no tenga recursos) es un giro radical hacia
una sociedad comunista e intervenida por el Estado porque, es obvio que para
repartir inmuebles hay que hacerse previamente con ellos expropiando el suelo y
los recursos necesarios.
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Respecto a la sanidad: El derecho
fundamental también está reconocido y desarrollado por una Ley Orgánica que
universaliza la asistencia desde 1986. Estamos muy lejos de países como Estados
Unidos, donde al Presidente Obama le está costando tanto sacar adelante su
tímida reforma que termine con el aseguramiento privado de las contingencias
sanitarias. En ese país las enfermedades llegan a arruinar familias y aquí
tenemos una sanidad razonablemente eficaz para todos. ¿Por qué entonces hay
sectores hoy día que piden una reforma en la Constitución, también sobre esta
materia? ¿Qué es lo que se pretende?
Aquí estábamos hasta hace bien
poco orgullosos de nuestra sanidad. Es cierto que recientemente se han
introducido ciertos criterios economicistas en la gestión sanitaria, buscando
la racionalización del gasto público y, en algunos casos concretos se ha pretendido
beneficiar a empresas privadas adjudicando esos servicios y casi la propiedad
de los establecimientos sanitarios. Eso hay que evitarlo buscando garantizar el
control y la gestión integral pública de la asistencia sanitaria aunque haya
que permitir la externalización de ciertos servicios que no han de ser
necesariamente públicos. La Constitución Española, no obstante, debe reconocer
una asistencia sanitaria pública y ya lo hace. En cuanto al ámbito subjetivo,
los detractores critican que la población inmigrante no tenga un derecho con el
mismo alcance. Pero ¿Qué hay de malo en graduar la asistencia médica y
farmacéutica, si se garantizan los mínimos para todos? ¿Por qué ha de tener el
mismo derecho una persona que no ha cotizado en su vida o que está recién
llegada a nuestro país? Hoy se está
produciendo la paradoja de que quienes soportan el coste de la asistencia
sanitaria pública están dejando de usarla, al menos en lo que se refiere a la
asistencia ambulatoria o de consultas. En efecto, muchas personas de clase
media prefieren acudir a la consulta privada porque el servicio en la pública
se ha resentido, como consecuencia de tener que acoger a mucha más población,
exactamente con los mismos derechos. ¿se puede ser más redistributivo? Dejar de
usar algo a lo que se tiene derecho y seguir pagándolo para que otros, que no
han cotizado nunca o lo han hecho durante periodos cortos y con bases míniomas,
les salga gratis el servicio.
Pero nuevamente estamos ante los
recursos escasos de un país. La sanidad es cara y las cuentas no cuadran. ¿Qué
hay que hacer para reconocer constitucionalmente una sanidad de calidad y
exactamente igual a todos los ciudadanos? Nuevamente subir los impuestos y
expropiar recursos. Se pretende entonces llegar a un sistema sanitario a la
cubana.
Nuevamente aquí quienes proponen
una reforma constitucional en esta materia son sospechosamente de izquierdas y,
de forma irresponsable se pretende tocar un modelo que hoy por hoy funciona
razonablemente.
Quizás la reforma aconsejable
sería centralizar de nuevo la competencia en materia sanitaria, lo que sin duda
evitaría muchos quebraderos de cabeza y gastos y garantizaría una mejor
coordinación del servicio público. No es de recibo que según cual sea la
comunidad autónoma se paguen los medicamentos de forma distinta a las
farmacias, o que las tarjetas sanitarias sean diferentes y un español que se
desplaza en vacaciones pueda tener problemas en su asistencia. No tiene sentido
que los expedientes médicos e incluso de controles epidemiológicos no estén
sincronizados en todo el territorio nacional. O que la compra de costosos
productos y maquinaria hospitalaria se encarezca como consecuencia de existir
17 centros de contratación diferentes.
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Otros (o los mismos) creen (además) que debe abordarse “definitivamente” el
modelo de Estado territorial:
Los que abogan por la reforma
constitucional hablan de definir de una vez por todas el modelo de Estado territorial:
Si éste ha de ser autonómico o federalista.
Olvidan que la Constitución
española ya se definió en este aspecto y además la disyuntiva no era la que
están planteando hoy; se trataba de elegir entre Estado unitario o Estado
autonómico. El Estado “federal” siempre se consideró por muchos, o quizás por
los más entendidos, que resultaba imposible, porque necesariamente ha de
constituirse mediante la federación de Estados pre-existentes. Es verdad que,
dentro del Estado de las autonomías cabía una concepción simétrica y otra
asimétrica. La asimetría en la transferencia de competencias se intentó
tímidamente, pero al final se llegó al “café para todos”, multiplicando el
gasto y el disgusto de algunas comunidades que deseaban un tratamiento
especial, sobre todo en el ámbito tributario. Que el título VIII no tiene la
redacción y el enfoque óptimos, es algo sabido por todos. Los políticos de los
sucesivos gobiernos han cedido a la presión de los gobiernos autonómicos en
lugar de meterles en el redil y han ido transfiriendo competencias en áreas tan
importantes como la sanitaria y la educativa, multiplicando el riesgo de
disfunciones y de descoordinación porque siempre primaba el criterio de
oportunidad política sobre lo aconsejable técnicamente. Se ha identificado
descentralización con progreso y estado unitario con una suerte de modelo
institucional franquista. Sin embargo países como Francia son mucho más
unitarios y nadie duda de que son democráticos.
Es posible que la reforma
necesaria sea precisamente en sentido inverso a como muchos hoy sostienen. Porque
lo cierto es que no hay margen para descentralizar más el Estado español, sin
poner en riesgo su unidad.
Si hoy se pretendiera abrir el
melón del modelo de Estado territorial estaríamos abriendo de nuevo la
oportunidad a algunas regiones para intentar de nuevo abrir una hoja de ruta
del separatismo. Los estatutos autonómicos serán papel mojado en un Estado
federal, porque los Estados o naciones federados querrán tener Constitución
propia y nuevamente insistirán en justicia y ejército propios, seguirán insistiendo
en entrar en la ONU etc. y lo peor de todo es que los otros Estados de la
Comunidad internacional verán su causa con más simpatía cuanto más
independientes sean de facto.
Por lo tanto, el modelo de Estado
federal que propugna el PSOE – yo creo que sin saber siquiera de lo que están
hablando – no sería más que abrir nuevamente un melón repleto de veneno y
problemas.
La reforma de la Constitución
sería necesaria, por el contrario, para zanjar de una vez por todas este
problema crónico y recurrente. España nunca podrá evitar que en sus momentos de
crisis o debilidad surjan los iluminados separatistas.
¿Qué habría que hacer? Cambiar el
término “nacionalidades” y, sobre todo, recuperar las competencias en materia
educativa. Si eso se quiere ver como censura, que así sea. Siempre será mejor que
se perciba del gobierno central una imagen de fortaleza, a que se siga jugando
con él.
Hoy es la izquierda la que por
conveniencia propia ha hecho un discurso más nacionalista, olvidándose de que
el papel de cualquier gobierno central es el de garantizar la unidad de su
Estado y su territorio. Los dos primeros artículos de la Constitución española
definen perfectamente lo que es la soberanía del pueblo español y cómo ésta se
engrana con el territorio. ¿Habría que modificar también estos artículos? Si se
cae en la trampa de regular con rango de norma constitucional, una especie de
asociación entre Estados (por ejemplo, España y Cataluña) se habrá perdido
definitivamente la posibilidad de invocar de forma íntegra la soberanía del
pueblo español y será solo cuestión de tiempo la segregación de algunos o todos
los territorios.
El PSOE tiene en Cataluña la
grave responsabilidad de haber dejado huérfanos a muchos votantes de izquierdas
que no simpatizan con las ideas separatistas. Hoy el PSC coquetea
irresponsablemente con el mal llamado “derecho a decidir”, que no es más que
una consulta (indebida) de autodeterminación. Como es natural, los votantes le
abandonan y a los líderes quizá no les importa demasiado porque a lo mejor (si
están muy iluminados) sienten que están contribuyendo a crear un Estado nuevo.
PODEMOS habla de respetar la
decisión mayoritaria de los catalanes en su derecho a decidir. Como comunistas
que son, si estuvieran en el gobierno, no dudarían en reprimir los intentos
separatistas, pero ahora lo único que quieren es sacar ganancia de este río
revuelto y jugar siempre con la ventaja de la indefinición.
Es importante que la gente
comprenda que los problemas hoy creados no se resolverían mediante una reforma
constitucional que lleve a un movimiento más centrífugo del Estado. Con ello
solo se contribuiría a colocar al Estado central en una situación de mayor
dificultad y se profundizaría en la crisis. El criticado Título VIII atribuía
por ejemplo una capacidad de tutela al gobierno central, con posibilidad de
recuperar una competencia transferida si se constataba un mal uso de ésta; Esta
herramienta no se ha utilizado nunca. Y no será por falta de ocasiones.
Si con un Estado autonómico, el
Gobierno central se ve en dificultades para hacer cumplir las leyes ¿Qué
sucedería cuando una nueva Constitución reconociera a Cataluña o Euskadi la
posición de Estado federado?
Naturalmente que la reforma es posible. se podrían mejorar algunas cosas, pero lo deben hacer los principales partidos de acuerdo y con una visión de Estado. El problema es que se está haciendo política de partido (en minúsculas) con estas cuestiones. Los jerarcas del PSOE y sus cabezas pensantes han decidido que la única forma que tienen de llegar al gobierno será en coalición con la izquierda radical llegada de la crisis, porque han perdido muchas posibilidades de hacerlo en solitario. Y esa necesidad de alianzas raras les hace cambiar el discurso introduciendo en el mismo un notorio grado de irresponsabilidad, que asumen pensando que cuando lleguen al poder ya tendrán tiempo de moderarlo.
El PSOE ya no es dueño del voto mayoritario de izquierda y tiene mucho menos control incluso sobre sus propios votantes. Esto hace que cualquier iniciativa por inoportuna que sea tendrá su adhesión, si les sirve para trastocar el escenario actual.
Cabría hacer la siguiente reflexión: La crisis actual de los partidos está provocada en gran medida por la economía, pero la crisis institucional está provocada por la crisis de la izquierda. Aunque no lo quieran reconocer, la izquierda se hunde cuando la economía mejora igual que el discurso subversivo de la juventud desaparece con el primer empleo. La gente con el estómago lleno no quiere pensar en luchas y enfrentamientos. Pero cuando tiene problemas, no llega a fin de mes o le echan de su casa, entonces es el tiempo de los iluminados de izquierdas y su discurso populista para pescar en río revuelto.
