A qué se refieren con que hay que reformar la Constitución

Algunos creen que esa Reforma consiste en reconocer la sanidad y la vivienda como derechos fundamentales: Quien dice esto parece ignorar que ambos derechos ya están reconocidos en la parte programática del Texto Constitucional. Lo que sucede es que los poderes públicos no pueden comprometerse a repartir casas a todas las personas

Sobre la vivienda: El desarrollo de este derecho nos lleva a preguntarnos algunas cuestiones relevantes ¿Quién es sujeto de este derecho? ¿Las personas o las familias? ¿Ese derecho se extendería también a todos los que viven en el territorio español aunque no tengan la nacionalidad española? ¿Tenemos que proporcionar una casa a cada emigrante que llegue de forma ilegal a nuestro país? ¿Hay recursos para acometer la construcción de tanta vivienda pública? ¿Para no llegar a construir, podrían los poderes públicos expropiar casas vacías? ¿Cómo trataría la Constitución la colisión inevitable que se produciría con el derecho a la propiedad privada?

En conclusión ¿Hay que dar en esta materia un enfoque radical de izquierdas a nuestra Constitución? Que el derecho a la vivienda pase de ser algo programático (a desarrollar o fomentar por los poderes públicos), a ser algo tangible y concreto (Dar a todo el mundo una vivienda cuando lo solicite y no tenga recursos) es un giro radical hacia una sociedad comunista e intervenida por el Estado porque, es obvio que para repartir inmuebles hay que hacerse previamente con ellos expropiando el suelo y los recursos necesarios.

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Respecto a la sanidad: El derecho fundamental también está reconocido y desarrollado por una Ley Orgánica que universaliza la asistencia desde 1986. Estamos muy lejos de países como Estados Unidos, donde al Presidente Obama le está costando tanto sacar adelante su tímida reforma que termine con el aseguramiento privado de las contingencias sanitarias. En ese país las enfermedades llegan a arruinar familias y aquí tenemos una sanidad razonablemente eficaz para todos. ¿Por qué entonces hay sectores hoy día que piden una reforma en la Constitución, también sobre esta materia? ¿Qué es lo que se pretende?

Aquí estábamos hasta hace bien poco orgullosos de nuestra sanidad. Es cierto que recientemente se han introducido ciertos criterios economicistas en la gestión sanitaria, buscando la racionalización del gasto público y, en algunos casos concretos se ha pretendido beneficiar a empresas privadas adjudicando esos servicios y casi la propiedad de los establecimientos sanitarios. Eso hay que evitarlo buscando garantizar el control y la gestión integral pública de la asistencia sanitaria aunque haya que permitir la externalización de ciertos servicios que no han de ser necesariamente públicos. La Constitución Española, no obstante, debe reconocer una asistencia sanitaria pública y ya lo hace. En cuanto al ámbito subjetivo, los detractores critican que la población inmigrante no tenga un derecho con el mismo alcance. Pero ¿Qué hay de malo en graduar la asistencia médica y farmacéutica, si se garantizan los mínimos para todos? ¿Por qué ha de tener el mismo derecho una persona que no ha cotizado en su vida o que está recién llegada a nuestro país?  Hoy se está produciendo la paradoja de que quienes soportan el coste de la asistencia sanitaria pública están dejando de usarla, al menos en lo que se refiere a la asistencia ambulatoria o de consultas. En efecto, muchas personas de clase media prefieren acudir a la consulta privada porque el servicio en la pública se ha resentido, como consecuencia de tener que acoger a mucha más población, exactamente con los mismos derechos. ¿se puede ser más redistributivo? Dejar de usar algo a lo que se tiene derecho y seguir pagándolo para que otros, que no han cotizado nunca o lo han hecho durante periodos cortos y con bases míniomas, les salga gratis el servicio.

Pero nuevamente estamos ante los recursos escasos de un país. La sanidad es cara y las cuentas no cuadran. ¿Qué hay que hacer para reconocer constitucionalmente una sanidad de calidad y exactamente igual a todos los ciudadanos? Nuevamente subir los impuestos y expropiar recursos. Se pretende entonces llegar a un sistema sanitario a la cubana.

Nuevamente aquí quienes proponen una reforma constitucional en esta materia son sospechosamente de izquierdas y, de forma irresponsable se pretende tocar un modelo que hoy por hoy funciona razonablemente.

Quizás la reforma aconsejable sería centralizar de nuevo la competencia en materia sanitaria, lo que sin duda evitaría muchos quebraderos de cabeza y gastos y garantizaría una mejor coordinación del servicio público. No es de recibo que según cual sea la comunidad autónoma se paguen los medicamentos de forma distinta a las farmacias, o que las tarjetas sanitarias sean diferentes y un español que se desplaza en vacaciones pueda tener problemas en su asistencia. No tiene sentido que los expedientes médicos e incluso de controles epidemiológicos no estén sincronizados en todo el territorio nacional. O que la compra de costosos productos y maquinaria hospitalaria se encarezca como consecuencia de existir 17 centros de contratación diferentes.

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Otros (o los mismos) creen (además) que debe abordarse “definitivamente” el modelo de Estado territorial:

Los que abogan por la reforma constitucional hablan de definir de una vez por todas el modelo de Estado territorial: Si éste ha de ser autonómico o federalista.

Olvidan que la Constitución española ya se definió en este aspecto y además la disyuntiva no era la que están planteando hoy; se trataba de elegir entre Estado unitario o Estado autonómico. El Estado “federal” siempre se consideró por muchos, o quizás por los más entendidos, que resultaba imposible, porque necesariamente ha de constituirse mediante la federación de Estados pre-existentes. Es verdad que, dentro del Estado de las autonomías cabía una concepción simétrica y otra asimétrica. La asimetría en la transferencia de competencias se intentó tímidamente, pero al final se llegó al “café para todos”, multiplicando el gasto y el disgusto de algunas comunidades que deseaban un tratamiento especial, sobre todo en el ámbito tributario. Que el título VIII no tiene la redacción y el enfoque óptimos, es algo sabido por todos. Los políticos de los sucesivos gobiernos han cedido a la presión de los gobiernos autonómicos en lugar de meterles en el redil y han ido transfiriendo competencias en áreas tan importantes como la sanitaria y la educativa, multiplicando el riesgo de disfunciones y de descoordinación porque siempre primaba el criterio de oportunidad política sobre lo aconsejable técnicamente. Se ha identificado descentralización con progreso y estado unitario con una suerte de modelo institucional franquista. Sin embargo países como Francia son mucho más unitarios y nadie duda de que son democráticos.

Es posible que la reforma necesaria sea precisamente en sentido inverso a como muchos hoy sostienen. Porque lo cierto es que no hay margen para descentralizar más el Estado español, sin poner en riesgo su unidad.

Si hoy se pretendiera abrir el melón del modelo de Estado territorial estaríamos abriendo de nuevo la oportunidad a algunas regiones para intentar de nuevo abrir una hoja de ruta del separatismo. Los estatutos autonómicos serán papel mojado en un Estado federal, porque los Estados o naciones federados querrán tener Constitución propia y nuevamente insistirán en justicia y ejército propios, seguirán insistiendo en entrar en la ONU etc. y lo peor de todo es que los otros Estados de la Comunidad internacional verán su causa con más simpatía cuanto más independientes sean de facto.

Por lo tanto, el modelo de Estado federal que propugna el PSOE – yo creo que sin saber siquiera de lo que están hablando – no sería más que abrir nuevamente un melón repleto de veneno y problemas.

La reforma de la Constitución sería necesaria, por el contrario, para zanjar de una vez por todas este problema crónico y recurrente. España nunca podrá evitar que en sus momentos de crisis o debilidad surjan los iluminados separatistas.

¿Qué habría que hacer? Cambiar el término “nacionalidades” y, sobre todo, recuperar las competencias en materia educativa. Si eso se quiere ver como censura, que así sea. Siempre será mejor que se perciba del gobierno central una imagen de fortaleza, a que se siga jugando con él.

Hoy es la izquierda la que por conveniencia propia ha hecho un discurso más nacionalista, olvidándose de que el papel de cualquier gobierno central es el de garantizar la unidad de su Estado y su territorio. Los dos primeros artículos de la Constitución española definen perfectamente lo que es la soberanía del pueblo español y cómo ésta se engrana con el territorio. ¿Habría que modificar también estos artículos? Si se cae en la trampa de regular con rango de norma constitucional, una especie de asociación entre Estados (por ejemplo, España y Cataluña) se habrá perdido definitivamente la posibilidad de invocar de forma íntegra la soberanía del pueblo español y será solo cuestión de tiempo la segregación de algunos o todos los territorios.

El PSOE tiene en Cataluña la grave responsabilidad de haber dejado huérfanos a muchos votantes de izquierdas que no simpatizan con las ideas separatistas. Hoy el PSC coquetea irresponsablemente con el mal llamado “derecho a decidir”, que no es más que una consulta (indebida) de autodeterminación. Como es natural, los votantes le abandonan y a los líderes quizá no les importa demasiado porque a lo mejor (si están muy iluminados) sienten que están contribuyendo a crear un Estado nuevo.

PODEMOS habla de respetar la decisión mayoritaria de los catalanes en su derecho a decidir. Como comunistas que son, si estuvieran en el gobierno, no dudarían en reprimir los intentos separatistas, pero ahora lo único que quieren es sacar ganancia de este río revuelto y jugar siempre con la ventaja de la indefinición.

Es importante que la gente comprenda que los problemas hoy creados no se resolverían mediante una reforma constitucional que lleve a un movimiento más centrífugo del Estado. Con ello solo se contribuiría a colocar al Estado central en una situación de mayor dificultad y se profundizaría en la crisis. El criticado Título VIII atribuía por ejemplo una capacidad de tutela al gobierno central, con posibilidad de recuperar una competencia transferida si se constataba un mal uso de ésta; Esta herramienta no se ha utilizado nunca. Y no será por falta de ocasiones.

Si con un Estado autonómico, el Gobierno central se ve en dificultades para hacer cumplir las leyes ¿Qué sucedería cuando una nueva Constitución reconociera a Cataluña o Euskadi la posición de Estado federado?

Naturalmente que la reforma es posible. se podrían mejorar algunas cosas, pero lo deben hacer los principales partidos de acuerdo y con una visión de Estado. El problema es que se está haciendo política de partido (en minúsculas) con estas cuestiones. Los jerarcas del PSOE y sus cabezas pensantes han decidido que la única forma que tienen de llegar al gobierno será en coalición con la izquierda radical llegada de la crisis, porque han perdido muchas posibilidades de hacerlo en solitario. Y esa necesidad de alianzas raras les hace cambiar el discurso introduciendo en el mismo un notorio grado de irresponsabilidad, que asumen pensando que cuando lleguen al poder ya tendrán tiempo de moderarlo.

El PSOE ya no es dueño del voto mayoritario de izquierda y tiene mucho menos control incluso sobre sus propios votantes. Esto hace que cualquier iniciativa por inoportuna que sea tendrá su adhesión, si les sirve para trastocar el escenario actual.

Cabría hacer la siguiente reflexión: La crisis actual de los partidos está provocada en gran medida por la economía, pero la crisis institucional está provocada por la crisis de la izquierda. Aunque no lo quieran reconocer, la izquierda se hunde cuando la economía mejora igual que el discurso subversivo de la juventud desaparece con el primer empleo. La gente con el estómago lleno no quiere pensar en luchas y enfrentamientos. Pero cuando tiene problemas, no llega a fin de mes o le echan de su casa, entonces es el tiempo de los iluminados de izquierdas y su discurso populista para pescar en río revuelto.