Luchar por la independencia judicial

Se ha anunciado por el actual ministro de justicia Gallardón una medida que será sin duda favorable para entrar en una dinámica de mayor democratización de las instituciones y en concreto de uno de los poderes sobre los que se asienta nuestra maltrecha democracia. No me gusta que haya sido precisamente Gallardón quien haya anunciado la medida, ni que vaya a ser él quien impulse desde el gobierno la tramitación de esrta propuesta de Ley. (creo que es uno de los políticos que ha utilizado la justicia en beneficio propio).

Lo importante es que lleve a efecto. Ahora es el momento. Imagino que tendrá que ser a través de una ley Orgánica, para reformar la actual Ley orgánica del poder Judicial de 1985, y el PP cuenta con la mayoría necesaria.

Hay quien piensa que en la judicatura es mayoritaria la corriente de pensamiento conservadora, de ahí que si no se compensa mediante la designación de los cargos judiciales de acuerdo con la representación proporcional de las mayorías en el Congreso de los Diputados, va a salir siempre beneficiado el interés que tenga en los procesos el Partido Popular, porque encontrará más apoyo en su favor en los Tribunales o en el Consejo General del Poder Judicial. No sé si esto será o no cierto, pero no debe ser nunca motivo para dejar de impulsar esta reforma.

Las cosas pueden cambiar en el futuro y al menos el ciudadano podrá tener la certeza de que los órganos judiciales y tribunales no están en manos de políticos como miserables marionetas.

La falta de neutralidad, la falta de criterio propio, la falta de verdadera libertad de los altos magistrados ha sido en los últimos tiempos un espectáculo bochornoso. El sentido de los fallos de los altos tribunales se sabía con antelación, sólo con hacer un recuento de la composición de sus integrantes y las simpatías políticas de los magistrados.

Si nos detenemos a pensar honestamente, llegaremos a la conclusión de que en nuestro país no existe realmente la separación de poderes y ésta cualidad, junto con el imperio de la ley (entendido como la sujeción de todos por igual a las leyes) es uno de los pilares básicos de un sistema democrático moderno.

El ejecutivo controla al legislativo. El grupo parlamentario del partido gobernante está sujeto a la misma disciplina. Las listas cerradas y la disciplina de voto en los hemiciclos, no contribuyen precisamente a diferenciar ambos poderes. Por si fuera poco el gobierno suplanta al laegislativo cuando aprueba decretos legislativos, abusando de las razones de urgencia y necesidad. (Luego la convalidación es un mero trámite, si cuenta con la mayoría suficiente).

Lo más grave que se ha hecho en democracia, desde el punto de vista institucional, lo más atentatorio contra la democracia y la verdadera soberanía popular, creo que ha sido la crisis del Tribunal Constitucional que ha quedado tocado – y casi diría yo, deslegitimado – para siempre. Los últimos altos magistrados, con independencia de la alta consideración que podrían merecer en su carrera precedente, han hecho como integrantes del Tribunal Constitucional un papel vergonzoso y sonrojante. Se ha visto de forma palmaria su dependencia del gobierno y han evacuado después de tres largos años de deliberaciones una sentencia sobre el estatuto de Cataluña que es un auténtico bodrio indigerible. Lo peor de todo es que lo han hecho contradiciendo al Tribunal Supremo y poniendo al país en su conjunto en una situación de crisis institucional sin precedentes.

Eso no puede volver a suceder.  No sólo porque ninguno de los gobiernos venideros deberá poner a prueba de esta manera al alto tribunal (de forma innecesaria y por pura conveniencia táctica del momento), sino porque el nuevo Tribunal Constitucional deberá estar libre de presiones, siendo impredecibles las decisiones que en conciencia tomen sus componentes.

De la misma manera la designación de los miembros del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial etc. será – debe ser – algo que esté al margen del partido político que coyunturalmente gobierne en cada momento.

Solo así tendremos una verdadera separación de poderes y la intervención judicial supondrá una verdadera garantía del sistema democrático, gracias a la independencia.

Maldita crisis

Lo que más me enerva y me desalienta de la situación actual de mi país es la deuda pública. Cada día se despierta uno con una situación peor. La maldita prima de riesgo, los mercados, los problemas de la eurozona, las amenazas de Merkel, las calificaciones de agencias y las subastas de emisiones de deuda… Nos estamos haciendo unos entendidos de los mercados y ahora como nunca antes, vemos que gobiernos que creíamos solventes, se encuentran en un inestable equilibrio, que requiere del sostén exterior.

¿Qué nos ha hecho caer en esta situación? El intuir el origen de esto, sirve de poco. No es un remedio contra la rabia que uno siente por saberse intervenido, por ver que los políticos le van a meter a uno la mano en el bolsillo para poder pagar a otros el gasto desaforado y megalómano de una época que creían de vacas gordas. Su profunda ignorancia y su imprudencia nos salpica hoy a todos.

Éramos un país manirroto e imprudente. Muchos ciudadanos, tentados por el crédito fácil y por el consumo, cayeron en la trampa y se enfangaron en hipotecas que se hicieron imposibles cuando perdieron el trabajo. Muchos – demasiados – políticos se inventaron cuantiosos capítulos de gasto en dudosos servicios que la sociedad no demandaba. A ese derroche le llamaron “inversiones” y porfiaron diciendo que se trataba de gastos y servicios que la sociedad demandaría más adelante. Como si el progreso exigiera adelantarse a los tiempos adivinando futuros flujos de población y necesidades inciertas, se construyeron faraónicos aeropuertos y líneas férreas de alta velocidad. Esos visionarios, que deberían estar en la cárcel, campan todavía a sus anchas en la escena política y tienen la desfachatez de seguir postulándose y entrando en candidaturas.

Hoy se habla de ajustes. Y a la poca gente solvente que va quedando nos provocan escalofríos en el cuerpo con cada noticia. Tendremos que seguir perdiendo poder adquisitivo. Nuestro medio de vida se verá mermado injustamente.

Y ahora nos suben el IRPF

No quiero estos días ni siquiera enterarme de las noticias. Empiezo a  sentir aversión por esta crisis, por los políticos, los banqueros y la madre que los parió a todos.  Mi decepción va en aumento, porque no veo solución al desastre en el que nos hallamos inmersos. Formo parte de la sufrida clase media que a la postre acaba pagándolo todo. Siento que pertenezco a un grupo cada vez más depauperado y atacado.

En el trabajo, nada más reincorporarme de las vacaciones de navidad me encuentro con la perspectiva negra de un nuevo recorte de poder adquisitivo. Una compañera – que lleva las nóminas – me amarga la mañana diciéndome que la subida de IRPF me puede suponer otros  600 Euros por año. Pero a eso hay que añadir los recortes que ya nos aplicaron en los dos últimos años… bajan los sueldos y suben los impuestos y todas las facturas.

Es indignante que tengamos que asumir la subida de IRPF y del IBI en las circunstancias actuales… en un país como el nuestro, en el que los sueldos son de los más bajos de Europa.

Se nos dice que hay que combatir el déficit: Todas estas bajadas en los sueldos e ingresos y subidas en las tarifas e impuestos, se nos dice que se están aprobando para corregir el déficit. Pero éste se genera por un endeudamiento público excesivo. Los políticos de turno que ocupan temporalmente los puestos en los que su capacidad decisoria puede comprometer el gasto, deberían haber sido controlados al detalle.  Nadie les ha controlado. Les hemos respetado estúpidamente como si fueran la expresión viviente de la soberanía popular y resulta que eran unos chorizos.

Mi pregunta sería ¿qué es lo que tiene que ver este déficit con la crisis financiera actual? ¿cuánto tiene de inevitable y cuánto de negligencia?

El gasto público se ha disparado estando en el poder los socialistas. Estos se han encontrado con la crisis financiera que ha contribuido en empeorar un estado de cosas que de por sí era malo, pero se podía haber mantenido u ocultado durante más tiempo. Desde la aparición de la crisis de los mercados y financiera, los intereses por los préstamos se han hecho más caros, y los gobiernos deudores como el nuestro, han de pagar mucho más. Por otra parte ha habido que participar en la constitución de reservas para respaldar a las entidades financieras o para financiar una parte del rescate de terceros países, como es el caso de Grecia. Por lo tanto la crisis nos ha afectado negativamente.

Pero estas circunstancias no deben servir para ocultar las llamativas y escandalosas negligencias (cuando no actuaciones dolosas y delictivas) de nuestro gobierno central y las comunidades autónomas y ayuntamientos. Unos y otros han identificado con progreso el mero hecho de soltar pasta a diestro y siniestro para alocados proyectos de obra o injustificados contratos de servicios. Se trataba de la pasta de todos los españoles, la pasta que nos van a quitar ahora.

Con esos contratos han beneficiado a empresas contratistas, llevándose las oportunas comisiones. Cosas que un particular contrataría por X, las administraciones públicas lo han contratado por X + 10. Si bien es cierto que a un particular nunca se le ocurriría hacer un aeropuerto en medio de un sembrado de La mancha,  construir unas setas mágicas tan inútiles como caras, o hacer un proyecto millonario en un ayuntamiento para albergar un circo permanente. Por esas decisiones deberían responder con sus patrimonios los políticos que las han tomado. 

Se han gastado ingentes cantidades de dinero en captar voluntades afines por la vía de las subvenciones e entidades opacas. Las fundaciones y observatorios, los consejos, los órganos consultivos, las asociaciones etc… han vivido del cuento cobrando informes y asesoramiento inútil a administraciones deseosas de pagarlo todo.

Políticos con capacidad decisoria para comprometer el gasto aparecen en los patronatos de fundaciones y asociaciones perceptoras de ayudas. En el mejor de los casos estarían ejerciendo un mecenazgo con dinero que no es suyo. Es decir, estarían siendo generosos con el dinero de los ciudadanos. Pero ni siquiera es así la cosa: El formar parte de esas fundaciones y asociaciones suele tener finalidades bastante más inconfesables. Y si no, que se lo pregunten a Urdangarín.

Es antidemocrático empobrecer al pueblo llano y hacerle pagar por los errores políticos de una caterva de irresponsables. Naturalmente se ha vuelto a la apariencia de democracia cuando una mayoría de la gente – absolutamente indignada – se ha expresado en las urnas y ha echado a los socialistas de casi todos los centros de poder que ocupaban. ¿Pero eran ellos los únicos culpables? ¿Acaso no ha habido derroches similares en comunidades gobernadas por los populares?