Luchar por la independencia judicial

Se ha anunciado por el actual ministro de justicia Gallardón una medida que será sin duda favorable para entrar en una dinámica de mayor democratización de las instituciones y en concreto de uno de los poderes sobre los que se asienta nuestra maltrecha democracia. No me gusta que haya sido precisamente Gallardón quien haya anunciado la medida, ni que vaya a ser él quien impulse desde el gobierno la tramitación de esrta propuesta de Ley. (creo que es uno de los políticos que ha utilizado la justicia en beneficio propio).

Lo importante es que lleve a efecto. Ahora es el momento. Imagino que tendrá que ser a través de una ley Orgánica, para reformar la actual Ley orgánica del poder Judicial de 1985, y el PP cuenta con la mayoría necesaria.

Hay quien piensa que en la judicatura es mayoritaria la corriente de pensamiento conservadora, de ahí que si no se compensa mediante la designación de los cargos judiciales de acuerdo con la representación proporcional de las mayorías en el Congreso de los Diputados, va a salir siempre beneficiado el interés que tenga en los procesos el Partido Popular, porque encontrará más apoyo en su favor en los Tribunales o en el Consejo General del Poder Judicial. No sé si esto será o no cierto, pero no debe ser nunca motivo para dejar de impulsar esta reforma.

Las cosas pueden cambiar en el futuro y al menos el ciudadano podrá tener la certeza de que los órganos judiciales y tribunales no están en manos de políticos como miserables marionetas.

La falta de neutralidad, la falta de criterio propio, la falta de verdadera libertad de los altos magistrados ha sido en los últimos tiempos un espectáculo bochornoso. El sentido de los fallos de los altos tribunales se sabía con antelación, sólo con hacer un recuento de la composición de sus integrantes y las simpatías políticas de los magistrados.

Si nos detenemos a pensar honestamente, llegaremos a la conclusión de que en nuestro país no existe realmente la separación de poderes y ésta cualidad, junto con el imperio de la ley (entendido como la sujeción de todos por igual a las leyes) es uno de los pilares básicos de un sistema democrático moderno.

El ejecutivo controla al legislativo. El grupo parlamentario del partido gobernante está sujeto a la misma disciplina. Las listas cerradas y la disciplina de voto en los hemiciclos, no contribuyen precisamente a diferenciar ambos poderes. Por si fuera poco el gobierno suplanta al laegislativo cuando aprueba decretos legislativos, abusando de las razones de urgencia y necesidad. (Luego la convalidación es un mero trámite, si cuenta con la mayoría suficiente).

Lo más grave que se ha hecho en democracia, desde el punto de vista institucional, lo más atentatorio contra la democracia y la verdadera soberanía popular, creo que ha sido la crisis del Tribunal Constitucional que ha quedado tocado – y casi diría yo, deslegitimado – para siempre. Los últimos altos magistrados, con independencia de la alta consideración que podrían merecer en su carrera precedente, han hecho como integrantes del Tribunal Constitucional un papel vergonzoso y sonrojante. Se ha visto de forma palmaria su dependencia del gobierno y han evacuado después de tres largos años de deliberaciones una sentencia sobre el estatuto de Cataluña que es un auténtico bodrio indigerible. Lo peor de todo es que lo han hecho contradiciendo al Tribunal Supremo y poniendo al país en su conjunto en una situación de crisis institucional sin precedentes.

Eso no puede volver a suceder.  No sólo porque ninguno de los gobiernos venideros deberá poner a prueba de esta manera al alto tribunal (de forma innecesaria y por pura conveniencia táctica del momento), sino porque el nuevo Tribunal Constitucional deberá estar libre de presiones, siendo impredecibles las decisiones que en conciencia tomen sus componentes.

De la misma manera la designación de los miembros del Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial etc. será – debe ser – algo que esté al margen del partido político que coyunturalmente gobierne en cada momento.

Solo así tendremos una verdadera separación de poderes y la intervención judicial supondrá una verdadera garantía del sistema democrático, gracias a la independencia.