Los bancos deberían resistir la tentación de obtención a corto plazo de beneficios permitiendo el endeudamiento privado de sectores de la sociedad más desfavorecida. Que esos sectores vayan a más, que las personas y familias que los integran sean cada vez más solventes de modo que se coloquen en situación de poder ser prestatarios sin riesgo, es un reto que tenemos que asumir en una sociedad avanzada como la nuestra. Pero entretanto las entidades financieras deben asegurar su propia solvencia, no entrando en operaciones de riesgo.
Salimos de un modelo económico basado en el consumo que ha intentado por todos los medios incitar a la compra de inmuebles a todas las personas, por pequeño que fuera su sueldo, por inestable que fuera su trabajo. Parece que nadie hacía una llamada a la responsabilidad. Los bancos tuvieron su parte de culpa: temerosos de quedarse sin su parte del pastel, compitieron entre ellos para ofrecer préstamos a una frágil e incipiente burguesía que confiaba en sus posibilidades y en su buena suerte. Trabajadores eventuales, inmigrantes, jóvenes recién contratados, pensionistas metidos a inversores inmobiliarios… todos se lanzaron al ladrillo. Y ahora muchos de ellos son fallidos y sus inmuebles no han hecho sino aumentar el parque inmobiliario en venta.
El estallido de esta crisis inmobiliaria debemos basarlo – aunque no sea la única causa – en la imprudencia de muchos. Y esta imprudencia de prestamistas y prestatarios tuvo mucho que ver con el mensaje equivocado de los dirigentes políticos y de los medios de comunicación que tardaron en avisar de la llegada de una crisis tan seria como la que ahora nos afecta.
Hoy la contabilidad bancaria suma un porcentaje muy elevado de activos no realizables. Tenemos unos bancos ricos patrimonialmente pero con una preocupante falta de liquidez, que les hace solicitar préstamos a otras grandes entidades europeas. Pero con ellos compiten los propios gobiernos que también han gastado en exceso comprometiendo a todo el mercado. Aunque se nos repita hasta la saciedad que las agencias de rating están bajando la valoración de economías públicas como la nuestra, en general un estado de un entorno civilizado es solvente y atractivo para los grandes bancos e inversores. Los postores de las grandes subastas y emisiones de deuda pública, son los grandes inversores de quienes dependen en exceso economías como la nuestra. Y a su vez ellos dependen de otras economías más débiles como la griega y del riesgo de impago de su deuda pública. Los bancos franceses y alemanes están muy expuestos y pueden perder mucho dinero con esto.
Si los grandes bancos compran preferentemente deuda pública, prestarán menos a las entidades pequeñas y éstas dependerán en exclusiva de sus depósitos y operaciones. Si vemos que están con un porcentaje de fallidos en incremento (alrededor de un 7 % actualmente), parece natural que cierren el grifo a nuevos préstamos.
Está bien que ese grifo se cierre cuando se trata de comprar cosas innecesarias o no urgentes (que un trabajador eventual, por ejemplo, quiera comprar un adosado, puede resultar innecesario y además una operación de riesgo). Pero el crédito para economía productiva y para que las empresas puedan afrontar dificultades coyunturales de tesorería, es imprescindible. Y ése también se ha cerrado.
No sé el alcance en cifras que ha podido tener esa falta de crédito sobre el desempleo en España, pero sin duda puede atisbarse una relación causa efecto. Cuantas menos empresas y autónomos haya (cuantos más negocios cierren), menos trabajadores por cuenta ajena y, por extensión menos consumo.
Por lo tanto la clave es facilitar al máximo que el dinero fluya, que se eliminen obstáculos a los negocios. Frente a esta situación que brevemente hemos descrito, nos encontramos con una administración pública (sobre todo local y autonómica) inflada y llena de trámites y burocracia; una administración que se retroalimenta creando trámites innecesarios y justificando carrera alocada hacia el incremento en el gasto, para lo que necesitan deuda porque sus recursos propios – los que provienen de los impuestos – van en descenso.
Estamos ante un círculo vicioso que a algunos gobernantes no les interesa romper.
Salimos de un modelo económico basado en el consumo que ha intentado por todos los medios incitar a la compra de inmuebles a todas las personas, por pequeño que fuera su sueldo, por inestable que fuera su trabajo. Parece que nadie hacía una llamada a la responsabilidad. Los bancos tuvieron su parte de culpa: temerosos de quedarse sin su parte del pastel, compitieron entre ellos para ofrecer préstamos a una frágil e incipiente burguesía que confiaba en sus posibilidades y en su buena suerte. Trabajadores eventuales, inmigrantes, jóvenes recién contratados, pensionistas metidos a inversores inmobiliarios… todos se lanzaron al ladrillo. Y ahora muchos de ellos son fallidos y sus inmuebles no han hecho sino aumentar el parque inmobiliario en venta.
El estallido de esta crisis inmobiliaria debemos basarlo – aunque no sea la única causa – en la imprudencia de muchos. Y esta imprudencia de prestamistas y prestatarios tuvo mucho que ver con el mensaje equivocado de los dirigentes políticos y de los medios de comunicación que tardaron en avisar de la llegada de una crisis tan seria como la que ahora nos afecta.
Hoy la contabilidad bancaria suma un porcentaje muy elevado de activos no realizables. Tenemos unos bancos ricos patrimonialmente pero con una preocupante falta de liquidez, que les hace solicitar préstamos a otras grandes entidades europeas. Pero con ellos compiten los propios gobiernos que también han gastado en exceso comprometiendo a todo el mercado. Aunque se nos repita hasta la saciedad que las agencias de rating están bajando la valoración de economías públicas como la nuestra, en general un estado de un entorno civilizado es solvente y atractivo para los grandes bancos e inversores. Los postores de las grandes subastas y emisiones de deuda pública, son los grandes inversores de quienes dependen en exceso economías como la nuestra. Y a su vez ellos dependen de otras economías más débiles como la griega y del riesgo de impago de su deuda pública. Los bancos franceses y alemanes están muy expuestos y pueden perder mucho dinero con esto.
Si los grandes bancos compran preferentemente deuda pública, prestarán menos a las entidades pequeñas y éstas dependerán en exclusiva de sus depósitos y operaciones. Si vemos que están con un porcentaje de fallidos en incremento (alrededor de un 7 % actualmente), parece natural que cierren el grifo a nuevos préstamos.
Está bien que ese grifo se cierre cuando se trata de comprar cosas innecesarias o no urgentes (que un trabajador eventual, por ejemplo, quiera comprar un adosado, puede resultar innecesario y además una operación de riesgo). Pero el crédito para economía productiva y para que las empresas puedan afrontar dificultades coyunturales de tesorería, es imprescindible. Y ése también se ha cerrado.
No sé el alcance en cifras que ha podido tener esa falta de crédito sobre el desempleo en España, pero sin duda puede atisbarse una relación causa efecto. Cuantas menos empresas y autónomos haya (cuantos más negocios cierren), menos trabajadores por cuenta ajena y, por extensión menos consumo.
Por lo tanto la clave es facilitar al máximo que el dinero fluya, que se eliminen obstáculos a los negocios. Frente a esta situación que brevemente hemos descrito, nos encontramos con una administración pública (sobre todo local y autonómica) inflada y llena de trámites y burocracia; una administración que se retroalimenta creando trámites innecesarios y justificando carrera alocada hacia el incremento en el gasto, para lo que necesitan deuda porque sus recursos propios – los que provienen de los impuestos – van en descenso.
Estamos ante un círculo vicioso que a algunos gobernantes no les interesa romper.
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