Datos personales

Soy un funcionario madrileño, y trabajo en la Seguridad Social. Nacido en una buena añada; la del 60. A la vez que empezaba a formarme como persona pude ver los últimos coletazos del régimen anterior, sin comprender todavía demasiado lo valiosa y rara que es una democracia avanzada en este mundo de guerras y sátrapas. Hoy me limito a ejercer un derecho de opinión porque me gusta la política (aunque no me gustaría protagonizarla).

18 de febrero de 2017

Hacienda sois todos


Tenían razón quienes titularon el libro: Es la intocable. Pero eso no quiere decir que sea inocente. Da la impresión de que han sido ignorados o no ponderados hechos o indicios que demostraban la connivencia de la infanta en unas prácticas que cualquiera desde el primer momento sabe que están mal. Si además la ley dice que por la cuantía que se deja de ingresar al fisco unas determinadas prácticas constituyen un delito… pues está claro. Una persona que ha sido formada en entornos de élite y que ha trabajado más de veinte años en una entidad financiera, debería saber la responsabilidad en que se incurre por firmar una escritura de sociedad. Debería también saber qué estaba haciendo su marido (en estros tiempos que corren de igualdad) y de dónde procedían los fondos que ella utilizaba para pagar el servicio doméstico de Pedralbes. El reconocimiento que la sentencia hace de que un cónyuge por la confianza depositada en el otro, puede verse eximido de las consecuencias de sus actos, trae unas consecuencias muy peligrosas y una incertidumbre que en nada ayuda a la seguridad jurídica. De ahora en adelante ¿Cuándo un participe en una sociedad familiar será realmente responsable de la parte alícuota que le corresponda?  ¿Cómo los organismo públicos como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, podrán derivar la responsabilidad solidaria a los cónyuges?
Porque ¿Había o no delitos? ¿Se habría apreciado la comisión de tales delitos en otra persona que no fuera la infanta? Ésa es la cuestión.
Ya desde la fase de instrucción se ha visto cómo el propio gobierno español ha desplegado toda su artillería en favor de la infanta. Un honrado y experimentado juez, ya en tránsito hacia la jubilación – que por cierto hoy se muestra sorprendido por el fallo, e imagino que también muy decepcionado – ha sido denostado de una forma sibilina y traicionado por el fiscal, con el que hasta cierto momento de la instrucción llevó una relación fluida y cooperativa. Se intuía perfectamente cual había de ser el contenido de la sentencia cuando el fiscal replegaba velas y no solicitaba la imputación de Doña Cristina para dos de las tres figuras delictivas que se barajaban. Uno de los padres de la Constitución, el señor Roca Junyent asumió la defensa de la esposa de Urdangarín y ese hecho, por sí mismo ya indica mucho: Qué contactos no tendrá este señor entre los círculos de poder… y cómo va a arriesgarse, además, a poner en riesgo su imagen en este juicio tan mediático, si no estuviera seguro del resultado final del proceso.
Pese a este patente despliegue de máquina bien engrasada que dedica ingentes esfuerzos para salvar a la infanta, la consigna ha sido la contraria, y resultaba patético ver como hoy en muchos medios de comunicación se insistía machaconamente en que la sentencia del caso Noos es la demostración patente de que con la Casa real no se hacen distingos y que estamos en una democracia porque la justicia alcanza a todos por igual. La verdad es que se ha hecho patente precisamente lo contrario. 
Por lo menos, estos poderes no han podido evitar la celebración del juicio y la publicidad de la vida indecente que quiso llevar esta pareja real. Es verdad que ahora son conscientes de que la inmensa mayoría de la población les desprecia hasta tal punto de que el nombre de una calle de Palma de Mallorca ha vuelto a llamarse “La Rambla”, volando aquellos “ducs de Palma de Mall
orca”.
Ha quedado patente al menos la conducta reprobable y nada ejemplar de una miembro ilustre de la familia real, coincidiendo además con las cacerías y la abdicación del padre. Y también se ha evidenciado que hay gente que no merece estar en una élite, que conlleva obligaciones y responsabilidad. Muchos de los que hoy somos críticos con la Infanta, Urdangarin o el propio rey emérito D. Juan Carlos no sentíamos la necesidad de un cambio de régimen institucional: Nos servía la monarquía parlamentaria y aceptábamos los privilegios que el régimen reservaba a la familia real. Algunos de sus integrantes trabajan en el sector privado: relaciones públicas de tal o cual perfumería o relojería de lujo, pero al menos llevan su situación con una digna discreción.  Tolerábamos el alto tren de vida y el elitismo inmerecido que se desprendía de cada una de sus actuaciones o apariciones en prensa, siempre que al menos cumplieran con su obligación. En el caso de la infanta y su marido esa obligación además era bien sencilla: Solo debían servir de florero. Y, a tal efecto a ambos se les había dotado de medios suficientes: Urdangarin, por ejemplo trabajó como vicepresidente del Comité Olímpico Español y ella, como decía, entró en La Caixa, donde nunca ha tenido dificultades. La ambición y las ganas de distanciarse aun más de la plebe les condujeron probablemente a delinquir y perder así la credibilidad y el respeto de la gente.

Que tome nota el rey Felipe VI. A él se le va a tolerar mucho menos que a su padre y su hermana. Tiene que tener claro que está donde está para ser ejemplar y no dar ni un solo escándalo. No se le toleraría: La sociedad española está al límite, muy dividida en cuanto al modelo institucional y se puede tornar mayoritariamente republicana. 
Y dicho todo esto, repito: No soy un nostálgico republicanista, ni un ideólogo de izquierdas revisionista de la historia, ni cuestiono el régimen reformista de 1978. Soy un ciudadano decepcionado con sus representantes institucionales. 

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