Más comisariados

 

Las empresas tienen un nuevo escenario de obligaciones. Una nueva fuente de gasto. Y los chupópteros una nueva fuente de ingresos. Se ha abierto un negocio nuevo: La igualdad de género. Igual que la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad y el ecologismo, la protección de datos etc.

Todas estas áreas son fuentes inagotables de intervención pública y de regulación… obligatoria de normas, muchas veces extremadamente exigentes y disparatadas que hay que poner en práctica y aplicar, con el consiguiente coste soportado por las empresas.

Esas mismas empresas  que están al límite por la situación económica adversa y por los impuestos desorbitados, deben invertir en formación y tomar costosas medidas de adaptación para tener todos los planes y comisarios que les exige la ley. De debajo de las piedras salen consultorías especializadas de nueva creación que no resistirían un mínimo escrutinio sobre la cualificación de sus miembros o que tienen gente especializada en temas sencillos que podría asimilar cualquier responsable empresarial sin dificultad pero sin obtener el título o la certificación necesarios que – naturalmente – ellos cobran a previo de oro.

Entre 500 y 1000 euros el curso formativo de protección de datos, el plan de igualdad, el análisis de los riesgos laborales etc.

También los sufridos ciudadanos conductores de vehículos se ven obligados a pasar por caja para pagar injustas sanciones y cursos, a menudo innecesarios, para poder recuperar los puntos perdidos del carnet.

Detrás de todo siempre está el poder coercitivo mal utilizado de las instituciones intervencionistas que buscan auto inflarse en obligaciones y regulación y nuevas estructuras que suponen más gasto y personal para hacerlas cumplir.

Los políticos siempre están explorando de forma incesante los terrenos en los que pueden justificar su presencia. La colectividad y la protección de una ciudadanía indeterminada les sirve para idear continuamente nuevas imposiciones y recortes de derechos para los ciudadanos.

El problema es que todo este intervencionismo va calando y formando un poso cultural, identificándose por muchas personas con un progreso y una madurez de la sociedad, lo que no responde a la realidad en la mayoría de las ocasiones.

Una sociedad madura es la que deja margen a la ciudadanía para aplicar las medidas empresariales necesarias para alcanzar hitos razonables de acuerdo con parámetros razonables. Y  les advierte en una estricta observancia del principio de legalidad, de cuáles pueden ser las consecuencias de cualquier daño en las personas derivado de un incumplimiento.

No tiene mucho sentido que una empresa de 50 trabajadores tenga que llevar a cabo un plan de igualdad y asumir un coste obligatorio para aplicar una medida con la que a lo mejor no está de acuerdo. Y lo peor de todo: No por repetir una mentira, van a conseguir que sea verdad: Que yo intente contratar a más hombres que mujeres en mi sector porque es más rentable o he contrastado que ofrecen un mejor resultado, no me hace más inmaduro ni tiene por qué merecer una sanción administrativa. 

Están recortando las libertades individuales con una insistencia y un descaro impropios - éstos sí - de una sociedad civilizada y madura. Porque la madurez consiste en que los poderes públicos no insulten a la ciudadanía. La madurez consiste en que no se me obligue coercitivamente a tener en una empresa (a mi costa) a un comisario de igualdad de género.