El otro día estuve viendo un interesante programa de debate en la televisión, en el que intervenían algunos jueces representantes de las principales asociaciones. Era a propósito de la reciente constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial y la designación de Carlos Divar como su presidente. Quedó claro que han quedado las principales Asociaciones alineadas (por decirlo de algún modo) con las opciones mayoritarias – las dos - que existen hoy en nuestro país. Se ha querido también contentar a la Asociación Francisco de Vitoria con un vocal porque – según convinieron todos – hubiera sido escandaloso que no contara con representación.
Sin embargo por otro de los asistentes se puso de manifiesto que hay un gran número de jueces independientes con intereses puramente corporativos que no se ven representados por nadie en el Consejo. Son éstos precisamente los jueces menos politizados y curiosamente no tienen representación. La Asociación Profesional para la Magistratura APM reiteró su compromiso por la vuelta a la elección de los vocales por parte de los profesionales de la judicatura frente al parlamentarismo implantado a partir del año 1985, a iniciativa del PSOE. Pero con esto pasa lo mismo que con la deseada modificación de la Ley electoral: Nadie se atreve a dar el primer paso. El sistema electivo sigue siendo un fiel reflejo del reparto de poderes en el Parlamento y se puede esperar, consecuentemente, que la justicia siga politizada (al menos en lo que respecta a las decisiones que se adopten en el Consejo).
Hay signos alarmantes de que no sólo es esto cierto, sino que ya no se respetan ni las formas. Como muy bien decía algún contertulio, la muestra más evidente de que no hay una verdadera independencia en el seno del Consejo es que la designación de su presidente fue anunciada por Rodríguez Zapatero, antes de que se adoptara la decisión por votación de los vocales: Una forma, por cierto, muy burda de confirmar ante la opinión pública que no existe una verdadera separación de poderes.
Sin embargo por otro de los asistentes se puso de manifiesto que hay un gran número de jueces independientes con intereses puramente corporativos que no se ven representados por nadie en el Consejo. Son éstos precisamente los jueces menos politizados y curiosamente no tienen representación. La Asociación Profesional para la Magistratura APM reiteró su compromiso por la vuelta a la elección de los vocales por parte de los profesionales de la judicatura frente al parlamentarismo implantado a partir del año 1985, a iniciativa del PSOE. Pero con esto pasa lo mismo que con la deseada modificación de la Ley electoral: Nadie se atreve a dar el primer paso. El sistema electivo sigue siendo un fiel reflejo del reparto de poderes en el Parlamento y se puede esperar, consecuentemente, que la justicia siga politizada (al menos en lo que respecta a las decisiones que se adopten en el Consejo).
Hay signos alarmantes de que no sólo es esto cierto, sino que ya no se respetan ni las formas. Como muy bien decía algún contertulio, la muestra más evidente de que no hay una verdadera independencia en el seno del Consejo es que la designación de su presidente fue anunciada por Rodríguez Zapatero, antes de que se adoptara la decisión por votación de los vocales: Una forma, por cierto, muy burda de confirmar ante la opinión pública que no existe una verdadera separación de poderes.
No ha causado sorpresa alguna, porque lo mismo hizo con el Presidente del Congreso, antes de que fuera votado por los diputados. Y es que parece que todo tiene que ser férreamente controlado por el Ejecutivo desde donde han llegado opiniones, como la del ministro Bermejo, elogiando la figura del nuevo presidente del Consejo. Pero claro... un elogio de Bermejo es un flaco favor a la imagen del propio magistrado.
