Solo por centrarnos en un único punto de la sentencia reciente del tribunal Constitucional: La política lingüística seguida hasta la fecha por la Generalitat ha sido inconstitucional y se abriría ahora no sólo la necesidad imperativa de modificar la ley autonómica de desarrollo del Estatut sobre este punto, sino también rectificar retroactivamente y restituir las sanciones recaudadas por este motivo. sería una actuación administrativa complicada pero inevitable si tuviéramos unos políticos responsables que supieran seguir las reglas del juego. Pero... ¿Qué tenemos? Tenemos a unos impresentables que, como si se tratara de críos, sólo quieren aceptar las reglas del juego cuando les convienen. Si les resultan adversas, no las quieren aplicar. Y eso sólo tiene un nombre: se trata de un desacato a una sentencia y a lo dictaminado por el más alto tribunal de nuestro país. La cosa es doblemente grave porque quien tiene el poder coercitivo para forzar a la Generalitat - llegado el caso - a cumplir con la sentencia del TC, es precisamente quien depende de sus votos para sobrevivir en el gobierno, de ahí que en el debate del estado de la nación, la gran preocupación de Zapatero haya sido ostensiblemente el contentar a los nacionalistas catalanes. Conclusión: Se va a buscar la inaplicación de la sentencia, pero cuando haya ciudadanos afectados por la agresiva política de inmersión en el catalán que por ejemplo hayan sido multados por un rótulo en castellano, tendrán la vía del recurso de amparo por haberse vulnerado su derecho constitucional al uso del castellano como lengua oficial.
La situación será complicada en esta faceta y en otras también afectadas por la sentencia y lo que no podrá afirmarse, desde luego, es que este proceso estatutario ha favorecido la estabilidad institucional ni la pacificación definitiva de los nacionalistas, que aparecen más reivindicativos que nunca. Todo un éxito en el haber de Zapatero al que recordaremos como el causante de todo este embolado.
