Fumadores criminales

Vaya por delante que yo no fumo, pero me considero ante todo respetuoso con los derechos de todos: El no fumador a que no le ocasionen molestias ni trastornos de salud y el fumador a que le dejen en paz practicar una más de las actividades de riesgo potencial para su salud, como otras muchas quye existen oerfectamente legales.

Hay políticas que son más sociales y políticas más liberales. Las primeras vienen a pretender el interés general y el bien común, pasando por encima de los derechos individuales y las segundas basan la construcción de la sociedad en el poder de la ciudadanía y las libertades individuales. Y naturalmente entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises entre los que se desenvuelven la mayoría de los estados de nuestro entorno.

Era indiscutible la necesidad de regular de alguna manera la protección de la salud de los ciudadanos que, no fumando, se han visto tradicionalmente perjudicados por el humo del tabaco. Era necesario protegerles de alguna manera y se habían dado pasos indiscutibles en esa dirección. Desde los tiempos en los que el propio médico fumaba en su consulta hasta ahora, había habido una serie de avances que, más o menos todos coincidían en aprobar. Pero la última Ley “anti-tabaco” ha cruzado, para muchos, el umbral de lo inadmisible. El Estado protector ha pasado a ser Estado gendarme, en el peor sentido de la palabra.

Se ha usurpado la posición de los hosteleros, como dueños de un espacio privado en el que cabe admitir o rechazar la presencia de quien quieran, forzándoles a prohibir una actividad que les podía beneficiar económicamente y es legal, es decir, a ir en contra de sus propios intereses y a adoptar una posición activa de policías o comisarios para hacer cumplir la ley y denunciar a quienes no lo hagan. El argumento de que sus empleados pueden verse obligados a inhalar el nocivo humo no se sostiene, pues el dueño de un local en cuya puerta se identificara como de fumadores podría también tener un personal fumador.

Se ha legislado penosamente mal, porque en una regulación anterior, todavía reciente, se obligó a los mismos hosteleros a realizar adaptaciones en sus locales para asegurar la existencia de zonas libres de humos, cosa que pareció lógica a la inmensa mayoría de los ciudadanos y no motivó movimiento de rechazo alguno. Después de las inversiones hechas en los locales, de decenas de miles de euros en muchos casos, la nueva ley no permite la existencia de estos lugares especialmente habilitados. Para muchos, esta forma errática e incongruente de legislar pudiera originar el derecho de los ciudadanos a pedir el resarcimiento de gastos a la Administración.

Pero la incongruencia no solo se da respecto de otras disposiciones anteriores sobre el mismo tema, sino en relación con otros aspectos sanitarios como la píldora abortiva, que los farmacéuticos deben dispensar sin receta médica incluso a menores de edad, teniendo – como está demostrado – la posibilidad de originar efectos adversos en el organismo como consecuencia de un uso repetido. Aquí el Estado se preocupa poco de las menores porque hace prevalecer un interés no natalista sobre otros factores.

Se han superado los límites restrictivos que podemos ver en el derecho comparado de toda Europa siendo la nuestra la legislación más prohibicionista, la única que prohíbe fumar en lugares abiertos por razones no ya de salud, sino de educación de la ciudadanía, como sucede en las cercanías de los parques infantiles.
La coerción se ha llevado a límites increíbles de dureza, previendo sanciones pecuniarias de hasta 600.000 euros cuando hay verdaderos “delitos” contra la salud pública que son merecedores de un tratamiento bastante más indulgente.
El procedimiento administrativo de apertura de expediente sancionador y protección de las garantías del ciudadano al que se va a sancionar, adolece de inmadurez y precipitación. No hay una concreta tipificación de conductas sancionables ni de trámites del procedimiento, órgano instructor etc. Ello posibilita - tal y como declaró públicamente – la ignorante ministra de sanidad que cualquiera pueda denunciar y que éstas denuncias se reciban en organizaciones de consumidores afines ideológicamente al gobierno, como FACUA o que personas externas, contratadas por las consejerías de sanidad estén actuando como verdaderos agentes de la autoridad y entrando a husmear hasta en los baños de los locales para detectar olores a humo. ¿Cómo puede evitar el dueño de un local que alguien se encierre en un wáter y, después de fumar salga tranquilamente a su mesa?

La ley es vehículo de llamativas medidas coercitivas: Un local de ocio, por ejemplo, puede ser multado por no colgar en su puerta el cartel de “Prohibido fumar”, cuando resulta que en virtud de la propia ley se sabe que está prohibido. ¿Es que acaso la prohibición por imperio de la ley no se perfecciona si no hay cartel?

La ley misma constituye un verdadero desatino y una intromisión inaceptable en las libertades individuales. Es una ley propia de estos tiempos negros de zapaterismo en los que se baten records de alienamiento y pisoteo de las libertades, en los que se desconfía de la racionalidad y el sentido común de los ciudadanos y se hace pagar a todos por la irresponsabilidad de unos pocos.
Esta ley no consagra el ejercicio libre y pacífico de los derechos y la convivencia entre unos y otros. Esta ley deja todos los espacios a los no fumadores. En algunos lugares, como los aeropuertos, ya no queda ni un miserable reducto para los fumadores, cuando es un hecho que pueden verse obligados a permanecer durante periodos largos de tiempo.

Los detractores de la ley siguen insistiendo en un argumento de peso: Si tan malo es fumar ¿Por qué el Estado no lo prohíbe el producto, como una droga más? ¿Por qué admite el comercio legal y sigue recaudando impuestos por su venta? ¿Por qué se habla de ley antitabaco, cuando en realidad estamos ante una ley anti fumadores?