El otro día el portavoz del PNV en el Parlamento español, declaró muy formal y circunspecto, pero con una chispa de juerga interior que se le asomaba por la expresión, que “la suspensión de nuestro apoyo al gobierno queda en suspenso”. Eso que sonaba a cachondeo en boca de Josu Erkoreka resume magníficamente la corrupción de nuestras instituciones. En concreto, en este caso, nos pone sobre la pista de la manipulación de un Tribunal Constitucional, en el que un grupo de marionetas ha actuado al dictado de los deseos del gobierno. Y eso lo sabe todo el mundo, para el escarnio de los protagonistas, a quienes ya no queda crédito ninguno.
Justino Sinova, lo afirmaba acertadamente el pasado Viernes en El MUNDO, “…retirarle el apoyo parlamentario al gobierno, si el Constitucional no corregía al Supremo a favor de BILDU, significaba la evaluación del TC como una pieza sometida al dictado del Ejecutivo, al que hacía responsable y víctima de sus resoluciones”.
El PNV no tuvo empacho ninguno en declarar públicamente sus deseos y, al hacerlo se dirigía de forma abierta e inequívoca al gobierno. De alguna manera le estaba diciendo: Te retiro a ti el apoyo si tu Tribunal Constitucional no hace los deberes. Se trata de un evidente chantaje en el que la víctima se deja hacer de forma complaciente. Pero no vamos a entrar en ese aspecto del análisis; no vamos a profundizar sobre esa obviedad que se ha hecho patente tantas veces a lo largo de la legislatura con los grupúsculos nacionalistas.
Lo que nos interesa a hora es poner de relieve que no hay una verdadera separación de poderes porque el ejecutivo controla al máximo órgano de interpretación constitucional y de defensa de los derechos fundamentales. Y ese control – obtenido a través de la designación de la mayoría de los magistrados – se ha demostrado en este caso. Se ha forzado a una institución política, haciéndola actuar como Tribunal de última instancia que ha entrado a la valoración de pruebas y ha desmontado una elaborada sentencia, nada menos que del Tribunal Supremo. Se ha quebrado la armonía entre los órganos jurisdiccionales ocasionando la indignación de los magistrados de la Sala del 61 del TS. Y se ha demostrado abiertamente que se actúa al dictado de los grupos nacionalistas. Todo por mantener un apoyo parlamentario que permita al PSOE sobrevivir lo que le queda de legislatura.
¿Merece la pena destrozar un sistema democrático por el beneficio de unos políticos desgastados?
Justino Sinova, lo afirmaba acertadamente el pasado Viernes en El MUNDO, “…retirarle el apoyo parlamentario al gobierno, si el Constitucional no corregía al Supremo a favor de BILDU, significaba la evaluación del TC como una pieza sometida al dictado del Ejecutivo, al que hacía responsable y víctima de sus resoluciones”.
El PNV no tuvo empacho ninguno en declarar públicamente sus deseos y, al hacerlo se dirigía de forma abierta e inequívoca al gobierno. De alguna manera le estaba diciendo: Te retiro a ti el apoyo si tu Tribunal Constitucional no hace los deberes. Se trata de un evidente chantaje en el que la víctima se deja hacer de forma complaciente. Pero no vamos a entrar en ese aspecto del análisis; no vamos a profundizar sobre esa obviedad que se ha hecho patente tantas veces a lo largo de la legislatura con los grupúsculos nacionalistas.
Lo que nos interesa a hora es poner de relieve que no hay una verdadera separación de poderes porque el ejecutivo controla al máximo órgano de interpretación constitucional y de defensa de los derechos fundamentales. Y ese control – obtenido a través de la designación de la mayoría de los magistrados – se ha demostrado en este caso. Se ha forzado a una institución política, haciéndola actuar como Tribunal de última instancia que ha entrado a la valoración de pruebas y ha desmontado una elaborada sentencia, nada menos que del Tribunal Supremo. Se ha quebrado la armonía entre los órganos jurisdiccionales ocasionando la indignación de los magistrados de la Sala del 61 del TS. Y se ha demostrado abiertamente que se actúa al dictado de los grupos nacionalistas. Todo por mantener un apoyo parlamentario que permita al PSOE sobrevivir lo que le queda de legislatura.
¿Merece la pena destrozar un sistema democrático por el beneficio de unos políticos desgastados?
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