Estatut y odio

¿Realmente ha pasado todo esto porque no se les permitió sacar adelante su Estatut? ¿Debía haberseles permitido aplicar el texto original? 

El proyecto de Estatut de 2006 era en sí mismo una auténtica mina por debajo de la línea de flotación del Estado español. Sus impulsores sabían que era algo difícil de aceptar por un Parlamento nacional (el español) que debía, con un simple vistazo, haber intuido la gravedad que encerraban algunos de

sus preceptos. Tenía un tinte constitucional, es decir, quería ser el comienzo de algo y no el cierre pacífico. Y ese comienzo solamente podía ser el recorrido hacia la independencia.

En el Estatuto la Generalitat se consideraba al mismo nivel que el Estado español. Era algo así como un tratado internacional que venía a decir: Somos una nación y estamos con vosotros porque queremos y mientras nos convenga, lo cual se aleja bastante de la realidad. Según hemos podido constatar muchos (algunos que se caen del guindo tradíamente hoy también lo ven claro) ni eran nación, ni la capacidad decisoria la tenían solo los empadronados allí, sino todos los españoles, ya que la soberanía solamente radica en la integridad del pueblo español. Indicar lo contrario supone vulnerar la Constitución, y de ahí la oportunidad del recurso de inconstitucionalidad que se presentó.

Lo sorprendente es que uno de los dos grandes partidos de entonces, que hoy está en el bloque constitucionalista, - el PSOE – no solo no se adhirió al recurso, que hubiera sido lo responsable, sino que señaló a la derecha como la culpable de cercenar el texto y de dar al traste con las legítimas aspiraciones de los catalanes. Naturalmente el motivo subyacente era que en aquellos momentos el PSC a través del tripartito gobernaba en Cataluña. La reacción de Montilla ante el recurso de inconstitucionalidad presentado fue de verdadera indignación. Y es que el PSOE, en aquellos momentos, por pura conveniencia política, jugaba a ser más nacionalista que los propios nacionalistas.

Lo que la gente en general desconoce, o no pondera adecuadamente, es que pasaron casi cuatro años desde la presentación del recurso hasta que recayó la sentencia del TC, en 2010. Durante ese intervalo de tiempo pasó de todo. Podemos recordar cómo los medios se hacían eco de la indignación de la ministra María Teresa Fernández de la Vega con la Presidenta del TC María Emilia Casas.

Aquello ocurrió en octubre de 2007, durante el desfiles de las FAS el día de la Hispanidad (uno de aquellos desfile en los que el público solía abuchear al presidente Zapatero. Libertad digital deslizaba lo siguiente:

“… Sin ahorrar en gesticulaciones mantenían una discusión en la que María Teresa parecía encadenar reproches a María Emilia. 

Este jueves, víspera de la Fiesta Nacional, el Consejo de Ministros habilitó a la Abogacía del Estado para recusar a los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. La decisión no tiene precedentes de Democracia y está encaminada a inclinar las fuerzas del Tribunal para tumbar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Aunque es complicado averiguar el contenido íntegro de la conversación, la cercanía entre esa decisión del Gobierno y la viva discusión entre dos de sus protagonistas hace que no sea difícil imaginar de qué hablaban.”

Luego se supo del fallecimiento en extrañas circunstancias en 2008 del magistrado García Calvo, de tendencia conservadora, uno de los dos que el PSOE pretendía recusar. Esto hizo que finalmente no hiciera falta recusar a nadie porque el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, rompía el empate.

Magistrado García Calvo

Pero entonces, ¿Por qué no fue aprobada la sentencia antes? ¿Puede ser que el PSOE, en el gobierno entonces, ya intuyera el impacto negativo de la sentencia desfavorable por la previsible retirada de apoyo de los nacionalistas catalanes tanto en Cataluña como en el Parlamento nacional?

Puede que fuera éste el motivo, o puede también que los magistrados progresistas – más entendidos en materia constitucional – advirtieran el peligro del proyecto de Estatut y no quisieran llegar tan lejos en su irresponsabilidad como quienes les habían puesto allí. Lo cierto es que Zapatero había dicho aquello de que respetaría todo lo que se aprobara en el Parlament de Catalunya y Montilla también se había manifestado a favor de no tocar ni una coma del Estatut.  

La primera hipótesis nos coloca ante un PSOE menos irresponsable, si es que conocía que la sentencia había de ser desfavorable aunque tuvieran mayoría de magistrados progresistas, pero era una postura tremendamente desleal y mentirosa al querer cargar a otros con la responsabilidad de interponer el recurso y jugar a un doble juego en el que públicamente decían respetar el Estatut en su integridad.

La segunda hipótesis supone estar ante un gobierno irresponsable e ignorante (características por lo demás muy presentes en Zapatero) que seguiría creyendo que el Estatut en su redacción original no tenía nada inconstitucional. Pero recordemos: Zapatero fue profesor colaborador de derecho constitucional en León y no creo, por malo que fuera, que no supiera ver el riesgo del Estatuto catalán como proyecto de una especie de norma magna de una nación que se quiere dotar de soberanía e independencia. 
Por lo tanto el PSOE finalmente traicionó a sus socios catalanes y el PSC tuvo que hacer un postureo distanciándose de su matriz de Madrid para no quedar reducido a la nada. La sentencia se aprobó en 2010 y contenía múltiples correcciones del Tribunal Constitucional en todos los terrenos: Sobre todo por ningunear a las instituciones constitucionales del Estado y colocarse a su mismo nivel. Solamente en 2010, cuando nuestra economía estaba casi intervenida y un patético Zapatero se contradijo en todos sus postulados aprobando el techo de gasto presupuestario, reduciendo el sueldo de los funcionarios etc. el Estatut fue finalmente modificado por la sentencia. De hecho la comparecencia de Zapatero en el Congreso fue en mayo y la sentencia del TC se hizo pública en junio. ¿Acaso estaba retenida, o era una casualidad? Se intentó justificar el retraso en la costosa redacción de sucesivas ponencias por los magistrados que una tras otra eran rechazadas, pero es difícilmente creíble que un órgano colegiado de esa altura tarde tanto tiempo en ponerse de acuerdo.

Después de todo lo que sucedió, lo vergonzoso hoy es que los socialistas sigan basando el proceso secesionista catalán en el descontento que se produjo en la ciudadanía por el recurso de inconstitucionalidad del PP. Todavía hay imbéciles que hacen esta consideración y yo les preguntaría ¿Acaso no era inconstitucional el Estatut? Y si lo era ¿no revestía una mayor honradez el presentar el recurso aún a costa de perder votos y cabrear a algunos? ¿No constituía un acto de responsabilidad la interposición del recurso? ¿no es mejor gobierno el que afronta su responsabilidad que el que está solo pendiente de la demoscopia?

Pero doblemente vergonzoso es que, después de todo el antidemocrático y bochornoso “process” al que hemos asistido, todavía tenga el PSOE líderes que creen que esto se soluciona dorando la píldora a los secesionistas y prometiéndoles más autogobierno para que sigan haciendo más barbaridades.