Las autoridades catalanas se han propuesto desde hace ya
tiempo ser una peste para España. Es absolutamente ilusorio pensar que quede un
solo resquicio de lealtad institucional y deseo de colaboración con el Estado.
Hace ya mucho que decidieron poner en marcha un plan perfectamente trazado para
la “desconexión”. En sí mismo supone una monumental y generalizada actitud de
desacato a las autoridades políticas, legislativas y judiciales españolas. Y se
ha traducido en muchos gestos de desafío que se han ido acumulando. Ante la
actitud impunista y conciliadora de las autoridades españolas que no ofrecían
respuesta alguna, que miraban para otro lado y carecían de cualquier atisbo de
energía y de dignidad, los secesionistas se han envalentonado progresivamente,
arrastrando consigo a más voluntades, y han seguido profundizando en la herida
con una postura pro activa hacia un fin perfectamente claro y diáfano al final
del camino: La independencia.
Muchos hoy nos alegramos de que al menos ha habido un punto
de inflexión. Pero la solución va a ser doblemente difícil por la miope actitud
de nuestros poderes públicos que han permitido llegar demasiado lejos la
evolución de este problema. Las heridas serán difíciles de cerrar porque las
ofensas en ambos sentidos han existido y han sido graves. Pero todos tenemos
que tener claro qué es lo que ha sucedido realmente: Unas autoridades políticas
han vulnerado su juramento a la Constitución española y se han rebelado
arrastrando al pueblo que creen representar a un conflicto casi irresoluble que
provocará sufrimiento, desgarro y ruina económica. Unos irresponsables han creído
poder ir más allá del mandato que recibieron cuando fueron elegidos (de verdad)
para ocupar sus cargos autonómicos y, traspasando los límites de su
auto gobierno, han declarado unilateralmente la independencia. Han vulnerado la
normativa vigente, el alcance de su mandato, el sentir y la voluntad de al
menos la mitad de su población, los vínculos históricos entre comunidades, las
relaciones de amistad y familiares entre los habitantes, los vínculos
económicos… todo eso lo han soliviantado fracturando a la sociedad y creyendo –
como iluminados que son – que las acciones no iban a tener consecuencias, que
el resto de España no iba a responder.
No ha sido así afortunadamente. Los políticos y autoridades
españolas han gestionado hasta ahora de una forma laxa y timorata su relación
con Cataluña y otras fuerzas políticas separatistas pero han comprendido que
una de las obligaciones más básicas que tienen por imperativo de la Norma magna
es salvaguardar la unidad territorial de España. Finalmente han reaccionado y,
con ellos, la mayoría del pueblo español que hoy se siente ofendido por este
intento de abandono, lleno de desdén y supremacismo que han querido llevar a
efecto los separatistas.
Se puede decir que hoy hay una gran brecha. Pero hay una
mayor claridad de ideas. Los catalanes independentistas saben que por las
buenas no se puede, lo cual es lógico y fácilmente comprensible. ¿Qué
gobernante va a permitir que una parte importante de su nación se marche así
con total impunidad, quedándose con el territorio, las inversiones, las
infraestructuras, obligando a familias a fracturarse en dos nacionalidades? Esa
posibilidad (la autodeterminación) solo es admisible cuando una metrópoli posee
o se apodera de otro pueblo y su territorio que no tiene ninguna coincidencia
histórica, lingüística o cultural. No sucede así con los catalanes, que llevan
coexistiendo y entremezclándose pacífica y voluntariamente con el resto de España
desde hace quinientos años. Para separarse deben tomar las armas. Quizás los de
la CUP lo hicieran, pero el pueblo catalán se precia de tener “seny”, que
podría resumirse en este escenario como una voluntad mayoritaria de no
extralimitar el conflicto y no afectar a los pilares del bienestar ni a la
economía. Se trata de que hoy muchos secesionistas catalanes empiecen a ver
claro que no es posible: Tienen el destino unido a España y dentro del Estado
han recibido respeto y auto gobierno. Para no ser infelices deben comprender que
todo esto ha sido artificial y cocinado. El sentimiento catalanista no es
artificial, pero su exacerbación sí lo es. Y la responsabilidad de haberlo
multiplicado y exagerado hasta conducirlo a un camino sin salida, la tienen en
exclusiva los políticos secesionistas que optaron por un gobierno irresponsable
y suicida.
Ahora toca reconciliarse y no provocar los sentimientos de
unos y otros. Toca que los catalanes recuperen cuanto antes su auto gobierno
pero teniendo claramente advertido que nada va a ser como antes: Que no cabe un
nuevo “process” y que el Estado vigilará por que exista una colaboración leal
entre las instituciones.
En estos momentos el mayor riesgo es que alguna de las
fuerzas políticas que han contribuido a garantizar la unidad del Estado
mediante el acuerdo a la hora de aplicar el artículo 155 de la CE, flaqueara y
volviera a las tesis impunistas. Si así fuera, todo lo que ha sucedido no nos
habría servido de aprendizaje y quizás el nuevo proceso de separación que se
iniciara sería el definitivo.

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