La reciente aprobación en el Congreso de la ley de Extranjería abre nuevamente una vía para criticar a este gobierno que parece que, aunque se lo propusiera no podría hacerlo peor para los intereses de España. La nueva Ley de Extranjería pondrá en riesgo la coordinación administrativa, incrementará la burocracia y abrirá huecos para el fraude. Nos encontraremos con inmigrantes a los que se les podrá otorgar el permiso de trabajo inicial obedeciendo a criterios distintos, según el territorio de cada comunidad autónoma. Habrá comunidades que podrán endurecer sus condiciones de concesión – si les interesa – provocando que residentes que serían legales en otro lugar (por cumplir todos los requisitos), en su territorio no lo sean.
En Cataluña podrán obligar a los inmigrantes a que sepan y conozcan el catalán (la única lengua oficial que reconocen allí como tal), resultando que si no hay prueba superada los inmigrantes pueden verse perjudicados en su aspiración de obtener un permiso de trabajo, que al fin y al cabo es lo único que quieren. Y en otros lugares, aun sin llegar a esos extremos pueden desear la aplicación de criterios más restrictivos, con lo que la igualdad y solidaridad financiera entre autonomías se verá nuevamente atacada.
Parece mentira que a día de hoy no se hayan dado cuenta todavía de la grave irresponsabilidad que encierra el hecho de alentar el poder local y los importantes riesgos que lleva aparejados. Riesgos de todo tipo: Solapamiento de procedimientos, multiplicación de disfunciones, descoordinación, pérdida de eficacia, desigualdad, mayor probabilidad de fraudes e ilegalidades…
Y detrás de todo está el voto en las elecciones al Parlamento nacional. La paradoja es que el voto nacionalista rinde mucho más si se cede a un partido no nacionalista (obteniendo beneficios a cambio) que si se utiliza sinceramente a favor de un partido nacionalista. Esa es la razón de ser del PSC. Y convencer de lo contrario es el reto de CIU. A un partido que consigue ser bisagra, ya le dan lo mismo las cantidades y los excesos de voto.
Por eso ha salido adelante la Ley de Extranjería, y por eso salieron también aprobados en el Congreso los Presupuestos Generales, aunque no hubiera nadie sensato que estuviera de acuerdo con las cifras.
En el caso concreto de la extranjería debería, además, recordarse a la ciudadanía las graves contradicciones en las que ha incurrido el PSOE: Como en tantos otros temas ha habido un giro espectacular no suficientemente explicado (porque explicar ciertas cosas es políticamente incorrecto y ocasiona pérdida de votos). Del “papeles para todos” del entonces ministro Caldera, hemos pasado como todos saben a las redadas de inmigrantes en las bocas de metro y al encarcelamiento de los indocumentados en centros de reclusión durante días completos, sin que hayan cometido delito alguno. Y además, como quedó demostrado documentalmente, el Ministerio de Interior del Sr. Rubalcaba (que deja corto al famoso Rasputín) ha incentivado a la policía para efectuar mayor número de detenciones mediante el establecimiento de objetivos de productividad que debían cumplirse en las comisarías.
Naturalmente las asociaciones de inmigrantes ya han puesto el grito en el cielo, pero en este caso (a diferencia de lo que sucedía en los tiempos del PP), no se le ha dado eco y se ha perdido en el aire. Ni los sindicatos, ni el gobierno ni sus medios de comunicación afines, que son muchos, han querido dar al tema la importancia que tiene. Porque el hecho cierto es que hoy se está maltratando a muchos inmigrantes y se hace de forma institucional, siguiendo directrices de Interior y de Moncloa.
Aparte de todo esto, sí debe reconocerse que la regulación de la extranjería es imprescindible y obligada, porque formamos parte del espacio Schengen de la Unión Europea y tenemos obligaciones con nuestros socios. Fueron ellos quienes de forma inequívoca expresaron su malestar frente a la política de ZP en materia de extranjería (cuando las cosas económicamente iban mejor y los socialistas hacían de la defensa del inmigrante una bandera de lucha frente al PP). Entonces eran los tiempos de las regularizaciones masivas y de la criminalización pública de quien se opusiera a ellas. Esta misma ley hubiera sido denostad sin piedad, si el proyecto lo hubiera presentado el PP en aquellos días.
En Cataluña podrán obligar a los inmigrantes a que sepan y conozcan el catalán (la única lengua oficial que reconocen allí como tal), resultando que si no hay prueba superada los inmigrantes pueden verse perjudicados en su aspiración de obtener un permiso de trabajo, que al fin y al cabo es lo único que quieren. Y en otros lugares, aun sin llegar a esos extremos pueden desear la aplicación de criterios más restrictivos, con lo que la igualdad y solidaridad financiera entre autonomías se verá nuevamente atacada.
Parece mentira que a día de hoy no se hayan dado cuenta todavía de la grave irresponsabilidad que encierra el hecho de alentar el poder local y los importantes riesgos que lleva aparejados. Riesgos de todo tipo: Solapamiento de procedimientos, multiplicación de disfunciones, descoordinación, pérdida de eficacia, desigualdad, mayor probabilidad de fraudes e ilegalidades…
Y detrás de todo está el voto en las elecciones al Parlamento nacional. La paradoja es que el voto nacionalista rinde mucho más si se cede a un partido no nacionalista (obteniendo beneficios a cambio) que si se utiliza sinceramente a favor de un partido nacionalista. Esa es la razón de ser del PSC. Y convencer de lo contrario es el reto de CIU. A un partido que consigue ser bisagra, ya le dan lo mismo las cantidades y los excesos de voto.
Por eso ha salido adelante la Ley de Extranjería, y por eso salieron también aprobados en el Congreso los Presupuestos Generales, aunque no hubiera nadie sensato que estuviera de acuerdo con las cifras.
En el caso concreto de la extranjería debería, además, recordarse a la ciudadanía las graves contradicciones en las que ha incurrido el PSOE: Como en tantos otros temas ha habido un giro espectacular no suficientemente explicado (porque explicar ciertas cosas es políticamente incorrecto y ocasiona pérdida de votos). Del “papeles para todos” del entonces ministro Caldera, hemos pasado como todos saben a las redadas de inmigrantes en las bocas de metro y al encarcelamiento de los indocumentados en centros de reclusión durante días completos, sin que hayan cometido delito alguno. Y además, como quedó demostrado documentalmente, el Ministerio de Interior del Sr. Rubalcaba (que deja corto al famoso Rasputín) ha incentivado a la policía para efectuar mayor número de detenciones mediante el establecimiento de objetivos de productividad que debían cumplirse en las comisarías.
Naturalmente las asociaciones de inmigrantes ya han puesto el grito en el cielo, pero en este caso (a diferencia de lo que sucedía en los tiempos del PP), no se le ha dado eco y se ha perdido en el aire. Ni los sindicatos, ni el gobierno ni sus medios de comunicación afines, que son muchos, han querido dar al tema la importancia que tiene. Porque el hecho cierto es que hoy se está maltratando a muchos inmigrantes y se hace de forma institucional, siguiendo directrices de Interior y de Moncloa.
Aparte de todo esto, sí debe reconocerse que la regulación de la extranjería es imprescindible y obligada, porque formamos parte del espacio Schengen de la Unión Europea y tenemos obligaciones con nuestros socios. Fueron ellos quienes de forma inequívoca expresaron su malestar frente a la política de ZP en materia de extranjería (cuando las cosas económicamente iban mejor y los socialistas hacían de la defensa del inmigrante una bandera de lucha frente al PP). Entonces eran los tiempos de las regularizaciones masivas y de la criminalización pública de quien se opusiera a ellas. Esta misma ley hubiera sido denostad sin piedad, si el proyecto lo hubiera presentado el PP en aquellos días.
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