Indigno y falaz editorial

Habría que preguntarse por la cuantía de las subvenciones y dependencia de los medios de prensa en Cataluña que han participado en el Editorial en defensa del Estatuto de esa Comunidad Autónoma. Estos días hay quien pretende atribuir un valor desmesurado a este editorial, considerando que estos medios tienen una representatividad que hoy por hoy no está en absoluto demostrada. La verdadera medición de adhesiones a ese texto (autodenominado fundamental) solo puede encontrarse en su votación favorable que estuvo en torno al 36 % de la ciudadanía, con una abstención superior al 50 %. ¿Por qué, entonces algunos periodistas nacionales quieren conceder una importancia mayor de la real a esta respuesta orquestada de los medios catalanes? Diría yo que, en el fondo están apoyando a quien abrió la caja de Pandora; al causante de todo, a quien lleva sobre sus espaldas la génesis del problema, que no es otro que Zapatero.

La reacción pública de ZP en la que expresa su respeto por el editorial es no sólo equivocada sino deliberadamente parcial. Pero no podía esperarse otra cosa de él. Como presidente del gobierno de un país cuyo texto fundamental se ha visto atacado por una Ley de rango inferior (por muy orgánica que sea), debería haber saltado en defensa de las instituciones nacionales. Pero señores hemos puesto al zorro como guardián del gallinero. Por eso es y ha sido durante todos estos años un cómplice del incumplimiento y la inaplicación de la Norma Fundamental (la única que tenemos en España) en aspectos tan claros e inequívocos como la cooficialidad de las lenguas. No sólo no ha salido en defensa de los ciudadanos catalanes que quieren usar las dos lenguas, como hubiera sido su obligación, sino que ha contribuido a denostarles y censurarles a través de su descontrolado brazo armado en Cataluña que es el PSC.

Y aquí está la explicación de todo: El socialismo español tiene una bolsa de votos en Cataluña que no quiere perder y hoy se ven en la tesitura – provocada por ellos mismos – de ser casi más nacionalistas que los propios catalanes para poder conservar esa bolsa y ganar así en las elecciones generales. Esa política de apaciguamiento con las demandas nacionalistas, lejos de hacer que éstas desciendan las ha enervado mucho más. Los políticos nacionalistas – que no el pueblo catalán – han dado ya el bocado al pastel y les gusta. Por eso, tal y como cabía esperar no se van a conformar con un bocado y lógicamente presionan. Lo hacen a través de sus medios afines, y no cejarán, salvo que reciban un mensaje de firmeza e inflexibilidad.

Así vemos como están proliferando las embajadas catalanas, las ligas deportivas catalanas, la academia de cine catalana. Vemos cómo hay certámenes turísticos en los que permite la participación de España, como si fuera Azerbaiyán u otro país lejano y extraño (y España se presta a ello). Vemos cómo se ofende a la nación española desde las gradas de los partidos de fútbol con pancartas (“Catalonia is not Spain”) o cómo algún iluminado (que Dios le tenga en su Gloria, porque ya ha fallecido y no le deseamos mal alguno) se cagaba “en la puta España” y recibía las adhesiones, entre otros, de la actual ministra de Defensa. Asistimos impotentes a la proliferación de un sinfín de institutos, fundaciones y organizaciones diversas nacidas y mantenidas gracias a la financiación pública de esa Comunidad, cuya única finalidad es socavar de forma constante e inasequible al desaliento cualquier vínculo con España y contribuir al descrédito de una gran Nación a la que pertenecen y de la que reniegan.

Lo grave es que todo eso lo están haciendo con la inestimable ayuda del perjudicado. El Estado español les incrementa la financiación, las participaciones en impuestos y las ayudas, sabiendo que van a ser utilizadas en su contra. Y esto es así porque el garante de turno de la integridad del Estado español – esto es, el gobierno de la nación – es el socialismo de zapatero que tiene esta herida abierta en su haber, entre otras muchas barabaridades consumadas o en vías de consumación.

Decíamos que sería necesario que el gobierno hiciera público un mensaje de firmeza, pero exactamente en ese momento el partido en el poder perdería el apoyo de estos sectores pseudos independentistas y la factura se pagaría sobre todo en las Elecciones Generales pudiendo casi darse por segura la mayoría absoluta del PP.

He aquí el motivo de lo que está sucediendo. Y el motivo de que tengamos a una inútil (catalana, eso sí) al frente de las Fuerzas Armadas españolas, cuya principal misión, según consta en la Constitución es la defensa de la unidad de la patria. Y el motivo de que se quisiera malvender ENDESA a Gas Natural, paticipada mayoritariamente por La Caixa. Y el motivo de que la sede de la Organización Mundial de Telecomunicaciones se ubicara en Barcelona. Y el motivo de muchas decisiones inexplicables de nuestro gobierno central, tan empeñado siempre en no enfadar a sus socios nacionalistas.

Pero toda esta política de apaciguamiento no les basta: Necesitan seguir quejándose; el victimismo es rentable, como bien saben. Por eso hoy, quienes están de forma continua tirando piedras contra la convivencia de todos los españoles, quienes quieren la desigualdad en su favor, quienes actúan insolidariamente porque les importa bien poco lo que sucede en el resto de España (de la que quieren desvincularse) … ¡Sí! Esos mismos, son los que se sienten ofendidos preventivamente, antes siquiera de que se haya publicado una sentencia del TC, que sospechan que les puede ser desfavorable.

Si volvemos al contenido del maloliente Editorial, podría afirmarse con rotundidad que contiene una ofensa para la dignidad del resto de los españoles, muchos de los cuales residen allí mismo en Cataluña. No es la dignidad de Cataluña la que está en juego, sino la de todo un Estado que debe defenderse frente a políticos irresponsables y oportunistas que, por pura conveniencia electoral, han puesto en peligro sus instituciones más básicas. A ese funcionamiento institucional básico se había llegado a través de un meritorio consenso en el que todas las partes cedieron un poco. Y es precisamente ese consenso el que se destruye y pisotea desde Cataluña por políticos arribistas y chantajistas que llegan hasta a manejar los medios para poner presión sobre el Tribunal Constitucional. El recurso del PP lo único que pretende es evitar las consecuencias de este ataque perfectamente orquestado por el nacionalismo. Sale en defensa de unas Instituciones y de una Constitución Española bastante más consensuada que el Estatut.

Porque el Estatut se hizo sin consenso. Fue hecho por unos frente a otros. Nació en una etapa en la que la principal receta del éxito del PSOE era el aislamiento del PP (¿quién no recuerda el Pacto del Tinell?). Y en ese contexto se sacó adelante un estatuto en una de las 17 comunidades españolas con el exiguo apoyo popular al que aludí antes. Muchos articulistas o ciudadanos críticos avisaron: ¿Qué pasará con el resto de las comunidades? El PSOE se encontró con que, debido a su torpeza, podía perder votos en otros lugares en los que se extendería el sentimiento de agravio por la desigualdad de trato respecto a Cataluña, si no se hacía algo reparador. Y la reparación consistió en abrir una especie de periodo constituyente en todas las comunidades, acometiendo una reforma estatutaria generalizada y dando lugar – irresponsablemente – al comienzo de una dinámica muy peligrosa, en la que muchos observadores vieron más desmembramiento institucional que cohesión.

Los hábiles e interesados artífices de todo este movimiento hablaban – como siempre con palabras huecas – de cohesión y de derecho de los pueblos. Y catalogaban a España como una suerte de federación de naciones cuasi independientes. En esa dinámica rupturista con el pasado, procedían de forma irresponsable a reinventar España: Todo eran nuevos reconocimientos de identidad, nuevas demandas de pueblos que se hacían acreedores de un Estado Central, cada vez más débil y vilipendiado por todos. La crítica al centralismo era el deporte nacional y el dinero y las competencias desaparecían en un movimiento centrífugo, para irse a alojar en los ámbitos autonómicos, pero no en todos por igual porque se trataba de contentar primero a Cataluña.

¡Qué gran irresponsabilidad! En este punto de partida de la post democracia española, ZP como sumo pontífice del desorden y el derribo del consenso precedente, ha propiciado que las comunidades desciendan a terrenos pantanosos, replanteándose cuestiones hasta entonces pacíficas y enfangándose en competencias y luchas que nos empobrecen a todos. Ahí está todavía el sudoku de la financiación autonómica sin resolver. Por mucho que balbucee la ministra Salgado, no se ha hecho nada para aclarar a la ciudadanía de dónde se van a sacar partidas para compensar al resto de comunidades.

De facto, se ha fracturado la solidaridad financiera, se ha permitido la aplicación y desarrollo de normas inconstitucionales y la adopción de acuerdos perjudiciales para los intereses del Estado español.

Y mientras el TC tardaba en decidirse transcurrían los meses y el PSOE salía electoralmente beneficiado, siempre apoyado por importantes sectores del nacionalismo

El proceso ha llevado su tiempo: El suficiente para que Zapatero se asegurara en su día la reelección en marzo de 2008, cita a la que llegó de forma inexplicable bastante intacto, creo yo que gracias a la generosidad de la ciudadanía española o a la animadversión anti – PP que han sabido sembrar de forma eficaz. Pero también puso su granito de arena el propio Tribunal Constitucional que, en una dilación sin precedentes ha venido a sostener al gobierno y a agravar las consecuencias de la política de hechos consumados que se ha aplicado en Cataluña desde hace tres años.

Y ahora cuando llegamos a la recta final y parece perfilarse un pronunciamiento del TC que podría no ser tan favorable como esperaban, ahora es cuando arremeten las críticas al alto órgano jurisdiccional.

El control mediático y la agitación propagandística vuelven la tortilla, de modo que ya todos los abrazafarolas del PSOE están sosteniendo lo que parece ser la consigna obligada de Ferraz: Que la verdadera amenaza es el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP que ha ido contra Cataluña; lo han dicho Carmen Chacón y Alonso, hoy (lo que denota que en cierto modo esta acusación infundada es una consigna artificial prefabricada). Claro que el recurso y la sentencia que recaiga son una amenaza. Pero no para el país, sino para el partido político en el poder y las innumerables poltronas que ya ocupan tantísimos cargos tan mediocres como oportunistas.
En realidad ¿Quién tiene la culpa de que estos okupas institucionales hayan forzado sin título alguno el desarrollo de competencias que no son suyas, durante más de tres años? ¿O es que no debía haberse esperado a la resolución del recurso de inconstitucionalidad para entender que el Estatut era firme y plenamente aplicable? ¿Quién es nuevamente el responsable de este desaguisado?