Ayer se homenajeaba una Constitución muerta. O quizás sería más correcto decir asesinada. Necesitamos un nuevo periodo constituyente. No es preciso que se remuevan todos los cimientos del Estado. Algunos aspectos de la actual Constitución debidamente adaptados, pueden seguir dando juego, pero en estos años que llevamos de democracia han aparecido demasiados goteras.
La llamada “fiesta” de la Constitución ha puesto de actualidad la otra gran crisis – (la institucional) – cuando lleva apenas una semana dándonos un respiro la prima de riesgo. Esta crisis innegable hace que hoy muchos nos preguntemos si de veradd existe separación de poderes, si de veradd se está propugnando la solidaridad entre comunidades autónomas, si de verdad los poderes públicos del estado central han velado por tutelar el ejercicio correcto de lñas comptenecias transferidas o, por el contrario, han apostado por el interminable proceso de descentralización cuyo único fin para muchos ya solo puede ser la soberanía nacional de territorios como el llamado País Vasco o Cataluña.
¿Tenemos algo que celebrar?
Creo que la Constitución no debne ser celebrada, sino protegida urgentemente. Ya está bien de hipocresías.
Ayer conducía el evento de la conmemoración el sumo sacerdote de la hipocresía – Sr. Bono – el de los bolsillos de cristal y también el de la hípica y los áticos permutados. Abusando de su cargo institucional que esperemos abandone probnto, se permitió el colocarse por encima de los partidos e instarles (como si él fuera un Jefe del Estado neutral y no se sentara en el Comité Federal de Ferraz) a que fueran de la mano en estas horas críticas. Muy bonito y muy edulcorado…pero también muy falso.
Utilizó ese espejismo de neutralidad intentando dar verosimilitud a los elogios – nada neutrales – al presidente saliente y todavía en funciones, el nefasto ZP, en cuyo mandato ha coincidido, para mayor dolor de los españoles, la peor crisis de los últimos tiempos.
Si de verdad hubiera sido neutral su discurso habría contenido una admonición clara contra el último gobierno por su sectarismo que ha desenterrado odios ya casi olvidados, por su torpeza que ha acentuado las diferencias entre los territorios de las comunidades autónomas, y por su irrelevancia, improvisación e irresponsabilidad que han conducido a nuestro país a perder el respeto de toda la comunidad internacional.
El mejor modo de homenajear la Constitución de 1978 es hacer un examen para comprobar cómo, cuándo y dónde se ha vulnerado por los propios poderes públicos y poner – todos de acuerdo – las medidas para evitar que eso suceda de nuevo.
En la celebración de cartón piedra de ayer no estaba ni el rey, imagino que recluido en la Zarzuela y mascando la vergüenza por los lances de su hija Cristina con los sablazos del Instituto Noos y otras sociedades y sus inversiones en las Islas Cayman o Belice con el colega Urdanga.
No estaban tampoco los líderes de las comunidades autónomas separatistas: Artur Mas se ha desprendido de la careta diciendo que no se siente llamado a celebrar algo que va en contra de los intereses de Cataluña, con lo que pone de relieve la inutilidad de la torpe política de apaciguamiento que se ha venido siguiendo en los últimos años con ellos. Yo le corregiría y le diría que sí tienen cosas que celebrar, como por ejemplo que en esa comunidad se ingrese el IVA de cualquier producto catalán que se compre en cualquier lugar de España. Tuvieron que celebrar, por ejemplo, la celebración de las Olimpiadas en Barcelona, con el apoyo de toda España (y que luego no ha disfrutado Madrid en sus candidaturas). En definitiva tienen que celebrar que disfrutan de un status que pueden perder, igual que los vascos con su concierto. Y ya es hora de que empiecen a percibir la posibilidad de perder los privilegios que tienen si siguen comportándose como los díscolos nenes tocapelotas que vienen siendo. Ya es hora de que comprueben que eso no les conduce a ninguna parte. Que nunca van a dejar de ser españoles, ni a estar – afortunadamente para ellos – bajo el paraguas de nuestra carta Magna, mal que les pese.
Y qué decir de los jueces. Uno de los poderes cardinales de la democracia. Su independencia ha de ser uno de los pilares básicos de un Estado de derecho. Lo dice la Constitución y lo dicen todas las corrientes doctrinales de la ciencia jurídica. Desde Montequieu, hasta el iusnaturalismo o el positivismo. En los últimos tiempos el gobierno ha tensado al máximo las posibilidades de las más altas instituciones jurídicas, siempre buscando asegurarse el nombramiento de personas afines para lograr sentencias y actuaciones acordes con sus intereses partidistas. ¿Quién duda hoy de que Conde Pumpido ha actuado parcialmente y ha sido la voz de su amo? ¿Quién duda de que Garzón o Bermúdez han prevaricado a favor del gobierno actual? ¿Quién duda de que el Tribunal Constitucional, cuyos miembros habían alargado incluso su mandato, dictó al final una sentencia sobre un Estatuto de Cataluña claramente inconstitucional y que lo hizo para favorecer los intereses de un gobierno que necesitaba el voto nacionalista?
Nadie duda hoy de que la política se ha judicializado y la judicatura se ha politizado. Todo partió de la Ley orgánica del poder judicial de 1985, en la que los socialistas de Felipe González pusieron en marcha un sistema de mayorías en los principales órganos jurisdiccionales que les hacía perder la independencia irremediablemente. Bien es cierto que el PP con su mayoría absoluta tampoco remedió esta situación. Hoy podemos decir que la independencia del poder judicial está visiblemente dañada y, con ella, el derecho a la tutela judicial efectiva.
La llamada “fiesta” de la Constitución ha puesto de actualidad la otra gran crisis – (la institucional) – cuando lleva apenas una semana dándonos un respiro la prima de riesgo. Esta crisis innegable hace que hoy muchos nos preguntemos si de veradd existe separación de poderes, si de veradd se está propugnando la solidaridad entre comunidades autónomas, si de verdad los poderes públicos del estado central han velado por tutelar el ejercicio correcto de lñas comptenecias transferidas o, por el contrario, han apostado por el interminable proceso de descentralización cuyo único fin para muchos ya solo puede ser la soberanía nacional de territorios como el llamado País Vasco o Cataluña.
¿Tenemos algo que celebrar?
Creo que la Constitución no debne ser celebrada, sino protegida urgentemente. Ya está bien de hipocresías.
Ayer conducía el evento de la conmemoración el sumo sacerdote de la hipocresía – Sr. Bono – el de los bolsillos de cristal y también el de la hípica y los áticos permutados. Abusando de su cargo institucional que esperemos abandone probnto, se permitió el colocarse por encima de los partidos e instarles (como si él fuera un Jefe del Estado neutral y no se sentara en el Comité Federal de Ferraz) a que fueran de la mano en estas horas críticas. Muy bonito y muy edulcorado…pero también muy falso.
Utilizó ese espejismo de neutralidad intentando dar verosimilitud a los elogios – nada neutrales – al presidente saliente y todavía en funciones, el nefasto ZP, en cuyo mandato ha coincidido, para mayor dolor de los españoles, la peor crisis de los últimos tiempos.
Si de verdad hubiera sido neutral su discurso habría contenido una admonición clara contra el último gobierno por su sectarismo que ha desenterrado odios ya casi olvidados, por su torpeza que ha acentuado las diferencias entre los territorios de las comunidades autónomas, y por su irrelevancia, improvisación e irresponsabilidad que han conducido a nuestro país a perder el respeto de toda la comunidad internacional.
El mejor modo de homenajear la Constitución de 1978 es hacer un examen para comprobar cómo, cuándo y dónde se ha vulnerado por los propios poderes públicos y poner – todos de acuerdo – las medidas para evitar que eso suceda de nuevo.
En la celebración de cartón piedra de ayer no estaba ni el rey, imagino que recluido en la Zarzuela y mascando la vergüenza por los lances de su hija Cristina con los sablazos del Instituto Noos y otras sociedades y sus inversiones en las Islas Cayman o Belice con el colega Urdanga.
No estaban tampoco los líderes de las comunidades autónomas separatistas: Artur Mas se ha desprendido de la careta diciendo que no se siente llamado a celebrar algo que va en contra de los intereses de Cataluña, con lo que pone de relieve la inutilidad de la torpe política de apaciguamiento que se ha venido siguiendo en los últimos años con ellos. Yo le corregiría y le diría que sí tienen cosas que celebrar, como por ejemplo que en esa comunidad se ingrese el IVA de cualquier producto catalán que se compre en cualquier lugar de España. Tuvieron que celebrar, por ejemplo, la celebración de las Olimpiadas en Barcelona, con el apoyo de toda España (y que luego no ha disfrutado Madrid en sus candidaturas). En definitiva tienen que celebrar que disfrutan de un status que pueden perder, igual que los vascos con su concierto. Y ya es hora de que empiecen a percibir la posibilidad de perder los privilegios que tienen si siguen comportándose como los díscolos nenes tocapelotas que vienen siendo. Ya es hora de que comprueben que eso no les conduce a ninguna parte. Que nunca van a dejar de ser españoles, ni a estar – afortunadamente para ellos – bajo el paraguas de nuestra carta Magna, mal que les pese.
Y qué decir de los jueces. Uno de los poderes cardinales de la democracia. Su independencia ha de ser uno de los pilares básicos de un Estado de derecho. Lo dice la Constitución y lo dicen todas las corrientes doctrinales de la ciencia jurídica. Desde Montequieu, hasta el iusnaturalismo o el positivismo. En los últimos tiempos el gobierno ha tensado al máximo las posibilidades de las más altas instituciones jurídicas, siempre buscando asegurarse el nombramiento de personas afines para lograr sentencias y actuaciones acordes con sus intereses partidistas. ¿Quién duda hoy de que Conde Pumpido ha actuado parcialmente y ha sido la voz de su amo? ¿Quién duda de que Garzón o Bermúdez han prevaricado a favor del gobierno actual? ¿Quién duda de que el Tribunal Constitucional, cuyos miembros habían alargado incluso su mandato, dictó al final una sentencia sobre un Estatuto de Cataluña claramente inconstitucional y que lo hizo para favorecer los intereses de un gobierno que necesitaba el voto nacionalista?
Nadie duda hoy de que la política se ha judicializado y la judicatura se ha politizado. Todo partió de la Ley orgánica del poder judicial de 1985, en la que los socialistas de Felipe González pusieron en marcha un sistema de mayorías en los principales órganos jurisdiccionales que les hacía perder la independencia irremediablemente. Bien es cierto que el PP con su mayoría absoluta tampoco remedió esta situación. Hoy podemos decir que la independencia del poder judicial está visiblemente dañada y, con ella, el derecho a la tutela judicial efectiva.
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