Garzón, vedette de infinita vanidad ha encontrado al final quien
le tosa. Ha tenido que ser un Tribunal Supremo y en unos nuevos tiempos
políticos, porque todos sabemos que con los anteriores, el juez estrella era
intocable. Pero esto en absoluto significa que el juicio haya sido político,
tal y como muchos quieren hoy afirmar. Garzón ha cometido las suficientes
torpezas – yo diría tropelías – como para ganarse el reproche de todo el mundo
jurídico, salvo contadas y significativas excepciones.
Los tres procesos por los que ha sido imputado denotan una actuación intolerable para una sociedad democrática como la nuestra, en la que un hombre exprime al máximo la autoridad que le confiere su condición de juez, para inmiscuirse de forma directa y descarada en la política. Una persona que debería ser escrupulosamente independiente, entra de lleno en el sectarismo político y se alía con unas corrientes de opinión – para quienes hoy es un abanderado y un héroe – impartiendo su justicia, de una forma muy peculiar y nada objetiva.
En el concreto caso de la trama Gürtel, la sociedad debería
reprocharle ahora haber contaminado el proceso provocando la ilegalidad de su
instrucción y la consecuente falta de posibilidades para inculpar a procesados
que lo eran probablemente por indicios bastante racionales de criminalidad.
Garzón ha sido pues, bastante torpe. Lo fue ya acudiendo a jornadas de caza
mayor junto a un ministro imprudente (quién se acuerda hoy de él) y un alto
comisario de los que manejan los asuntillos de Rubalcaba. Ya en época de franco
se movían hilos importantes en las cacerías por parte de los afectos al
régimen. Hoy parece que algún socialista ha tomado ese ejemplo sin aprender
nada de la historia. Lo que resulta curioso es que sea el tan respetado Garzón
quien se haya prestado a posar en esas fotos enfundado en un completo traje de
cazador pijotero. Su falta de visión le ha conducido a eso, como a tantos otros
errores que sería prolijo enumerar.
En aquellas jornadas de caza se discutió sin duda la
estrategia a seguir en el Gürtel empezando ya a inaugurar un proceso nada
escrupuloso que orilló un elemental principio de justicia, consistente nada más
que en seguir una garantías predeterminadas que en síntesis configuran el
derecho constitucional de los ciudadanos a tener un juicio justo (tutela
judicial efectiva). Esas garantías, bien conocidas por el Tribunal Supremo que
ayer condenó a Garzón, consisten entre otras cosas en:
·
Impedir el filtrado de documentos del sumario
declarado secreto: Sabemos que el filtrado ha existido, porque hemos visto
documentos secretos aparecer en determinados medios de prensa y sobre todo
porque se vio unos de esos documebtos en manos de un diputado socialista de
Alicante. No se sabe sin embargo el autor de esa filtración y no se le puede
imputar al titular del juzgado por este motivo, aunque tampoco nadie vió que el
juez protestara contra esta actividad ilícita.
·
Conseguir que la Fiscalía General del Estado
actúe con imparcialidad: en el proceso Gürtel no sólo no ha actuado para
preservar el derecho de defensa sino que ha contribuido a vulnerarlo, avalando
la actuación del juez Garzón. Tampoco de esto es responsable el juez Garzón.
·
Poner los medios para respetar la confidencialidad
entre el presunto delincuente y su abogado, algo que no sólo no se hizo, sino
que deliberadamente se incumplió ordenando a la policía las escuchas de forma
genérica, sin concretar caso por caso y en un asunto que no era de terrorismo. Esta
vulneración del derecho de defensa ha sido el objeto de esta sentencia. Aquí si
podemos encontrar la verdadera causa por la que ha resultado condenado garzón,
por prevaricar.
Hay a quien le parece que la sentencia ha sido demasiado
dura, pero la realidad es que Garzón ha prevaricado y ése es un delito
especialmente grave para la profesión judicial. De hecho el más grave que se
puede cometer en el ejercicio de esa profesión. Él sabía para qué casos estaba
reservada la posibilidad de intervenir y grabar las conversaciones de los
procesados con sus abogados. El artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria no tiene vuelta de hoja: Sólo se puede hacer en casos de terrorismo. E incluso tratándose de terroristas habría que haberlo hecho de otra manera: Concretando un alcance subjetivo (a qué abogados afecta), objetivo (qué conversaciones) y temporal (durante cuánto tiempo). Garzón no ha hecho ninguna de las tres precisiones, pisoteando aún más el derecho a la defensa.
Esto le puede parecer a muchos, tecnicismos interpretables, pero quienes están en el derecho, saben de la importancia de aplicar la ley sin abusar de la cosecha propia y de interpretar en su caso siempre la opción más favorable para el reo. Garzón lo sabía, y por eso ha prevaricado.
¿Qué la derecha le tiene ganas a Garzón? Es indudable.
Quizás tenga algo que ver el hecho de que Garzón lleva largos años lanzando
sus dardos justicieros en una única dirección. Pero hoy no es ése el problema.
El Tribunal Supremo le ha condenado por unanimidad y dentro de este alto órgano
jurisdiccional hay jueces de los llamados progresistas.
La verdadera causa de la condena es que lo ha hecho muy mal. Muchos podemos suponer por qué, pero eso es otra historia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario