En lo principal estoy de acuerdo con el artículo de Ángeles Caso. Constituye un lamento real y veraz por el paso atrás que está dando la sociedad española. Seguimos cayendo en un abismo y contemplamos atónitos como va a ser muy difícil subir al mismo lugar en el que estábamos. Pero ¿Quién nos ha empujado a la caída?
La autora habla de una sociedad en la que habían ido desapareciendo poco a poco los desheredados y da por aprendidas ciertas cosas que yo creo que en realidad no estaban asimiladas.: Que los afortunados tenían la obligación de compartir con los más desprotegidos.
Pero ¿Realmente se compartía de una forma voluntaria? O, era solo porque había un sistema obligatorio de cobertura social. La solidaridad era más obligatoria que otra cosa. Y con eso no quiero decir que España no sea solidaria; somos uno de los pueblos más solidarios del mundo. El que más el que menos está suscrito a alguna ONG. Pero la pobreza es infinita y hay que ponerle una valla para que no nos arrastre. Eso es lo que no comprendieron nuestros políticos. Ahora, como país, no estamos en condiciones de ayudar a nadie, por culpa de un trágico e inmenso error de cálculo, consistente en creernos un país como Suecia, Dinamarca o Noruega. Creer que éramos un país tan desarrollado y avanzado, como para permitirse el lujo de derrochar millones de euros en dudosas conquistas sociales.
¿Era la sociedad española merecedora de esta consideración? Creo que no. Lamentablemente muchos trabajadores y empresarios defraudan y en gran medida lo hacen porque perciben que los poderes públicos están corruptos. En la época de bonanza económica las ingentes cantidades de dinero desviadas hacia fines inconfesables, no eran detectadas porqwue ern apariencia, sobraban. Pero la realidad es que lo recaudado nunca debería sobrar. Siempre hay alguna utilidad, alguna mejora, alguna inversión racional, a la espera de tiempos peores. En los países nórdicos los ciudadanos pagan impuestos altos y reciben prestaciones. Y los poderes públicos son más responsables. No andan por ahí echando mano del presupuesto y repartiendo dinero para hacerse campaña. No fueron tan irresponsables como para equiparar en todo a la población nacional con los recién llegado inmigrantes. Aquí hemos sido mucho más estúpidos.
Angeles caso puede tener razón en que hay ciertos derechos adquiridos que se están suprimiendo a golpe de decreto. Y no se trata de privilegios; son verdaderos derechos. Los funcionarios, por ejemplo se han visto afectados por los recortes de una forma despiadada. Sus derechos adquiridos a lo largo del tiempo han sido pisoteados y se ha pretendido hacer calar en la ciudadanía la idea de que somos unos privilegiados. Probablemente sí que lo sean quienes han sido designados a dedo por los mismos que nos están menospreciando, pero los funcionarios de carrera hemos accedido a nuestro puesto de trabajo en una oposición convocada públicamente, a la que podía acceder cualquiera que reuniera los requisitos baremados en la convocatoria. Seríamos unos privilegiados si nos hubieran regalado algo, pero nos hemos ganado nuestro puesto.
Si por derechos adquiridos se está refiriendo a coberturas sociales como importe de prestaciones, edad de jubilación, alcance de la cobertura sanitaria, prestaciones asistenciales etc., entonces debo discrepar porque no entiendo que la justicia consista en eso: La justicia no es entrar en un modelo subsidiado y asistencial, abandonando cada vez más el modelo contributivo. Igual que la gente entiende perfectamente que cuando paga una prima baja, la cobertura de un seguro también va a ser baja, en las coberturas sociales de las administraciones no debemos ser todos iguales. La universalización de las prestaciones y las extensiones irresponsables que de las mismas hacen los políticos con capacidad decisoria son las que conducen a la inviabilidad del sistema y, al final, eso nos ha tocado pagarlo a todos. Ha habido gobernantes que, con fines puramente electoralistas han aprobado ayudas puntuales, vaciando las cajas del sistema y poniendo en peligro la viabilidad de los presupuestos. Luego vienen otros que, a lo mejor consideran esas ayudas como conquistas sociales. Pero hay que saber diferenciar. Algunas cosas estaban ya asentadas desde hace tiempo, como por ejemplo la cobertura de la prestación farmacéutica al 100% a los pensionistas o la jubilación a los 65 años. Esos derechos sí podían considerarse como una conquista, hoy pisoteada. Pero, por ejemplo, una ayuda de maternidad de 2500 euros (que ya retiraron) solo ha servido para que se pongan a parir muchas trabajadoras inmigrantes. Es bastante matizable que esta ayuda fuera una conquista social. La autora se confunde, si pensaba que teníamos que llegar a los niveles de protección de los países nórdicos, porque en esos Estados tienen poblaciones más reducidas, pagan más impuestos y son desde luego más responsables y menos ingenuos que nosotros.
En todo lo demás, Ángeles Caso tiene razón. Sobre todo en la crítica que hace de los políticos. La pena es que solo se le ocurra hacer esta crítica ahora, porque lo cierto es que la mayoría de las decisiones corruptas que nos han llevado a la ruina han procedido precisamente de los políticos más teóricamente sensibilizados con las conquistas sociales a las ella alude. De hecho gran parte de la corrupción, consistente en desvíos de fondos y subvenciones ha sido precisamente utilizando patronatos de fundaciones en las que anidaban los políticos sin escrúpulos, ayudas al desarrollo de terceros países que es imposible auditar, o subvenciones para las finalidades más disparatadas.
Al final resulta que siempre tenemos lobos en el gobierno, aunque algunos se disfracen de corderos.
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