El reglamentismo desaforado suele aparecer en las administraciones más inútiles y supérfluas. Surge para cubrir una necesidad de autojustificación, para dar sentido a órganos, consejos, comités, todos ellos dependienteas de presupuestos, que normalmente aportan un nulo valor añadido porque tratan de temas secundarios y no ofrecen verdaderos servicios demandados por la ciudadanía.
El reglamentismo suele impulsarse por castas políticas que necesitan poder y estructuras para generar puestos de trabajo, muchas veces vitalicios, para sus amiguetes. Esas castas se vienen sucediendo con cada mandato político, y cada una va necesitando más nichos, más lugares en los que colocar a su gente.
Por eso recurren a más reglamentismo. Usando el boletín oficial generan estructuras nuevas, descubriendo necesidades ciudadanas antes nunca imaginadas.
Incluso en la hipótesis de que lo hagan de forma bienintencionada, ocasionan un daño al bolsillo del ciudadano que es quien, a la postre, tiene que pagar todos los caprichos y ocurrencias de los caciquiles políticos que tenemos. Pero siendo un poco peor pensados, advertiremos que lo normal es que detrás de esas ocurrencias haya normalmente un pellizco oportunamemnte ofrecido por la empresa que vaya a resultar adjudicataria de realizar la obra o servicio resultado del reglamento.
Bajo el pretexto de la seguridad (inobjetable en principio) un reglamento obliga a adquirir un determinado material para la práctica de una medida de seguridad en una empresa o vehículo. El responsable del departamento correspondiente, a cambio de dinero, revela los planes a una empresa del sector, antes de su puesta en práctica. La empresa pagará encantada esa "ayuda" porque la información le reporta un beneficio importante.
Ahora me explico por qué hay tanto paneles luminosos en nuestras carreteras o tatos depósitos de sal, para dos días que nieva en invierno. Algunos se han llevado mucho dinero.
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