El euro por receta: Otra más

 

 

Ante la realidad de la crisis, y una vez que han  tenido las mayorías suficientes, los populares se han volcado en una búsqueda desesperada de ingresos y han hecho gala de una voracidad recaudatoria que nos trae por la calle de la amargura. Los políticos y dirigentes de los poderes públicos, de todas las capas de administraciones distintas que hay en España rivalizan entre sí para meter la manoi en el bolsillo del sufrido ciudadano.

 

Todo va de mal en peor. Pero ahora las soluciones que se les ocurren a algunos políticos mendaces y ladrones son para llevarlos a un juzgado directamente.

Me refiero, en esta ocasión, a las medidas que han tomado contra las oficinas de farmacia. Desde siempre estamos acostumbrados a que el Estado y las autonomías hayan ido regateando una prestación farmacéutica que se ha ido recortando en su contenido y alcance. Siempre había correspondido una fracción del tipo de cotización (porcentaje que se aplica sobre la base para hallar la cuota) a esta prestación, lo que significa que los trabajadores la pagaban. Todos los trabajadores mes a mes, se pongan o no enfermos cotizan por asistencia sanitaria. Aquellos que originariamente tenían derecho a obtener la cobertura por otra vía (concierto de asistencia sanitaria con alguna entidad privada) tenían derecho a cotizar proporcionalmente menos. Pese a esta cotización y al derecho contributivo sobre la prestación que se causara, el gobierno ha aprobado todos los años sucesivos decretos para eliminar medicamentos de la cobertura. Presidida su actuación por criterios exclusivamente economicistas han pretextado que los medicamentos que excluían ya no prestaban servicio eficaz o no eran necesarios para los pacientes. Sacaron muchas largas listas de medicamentos excluidos, establecieron los genéricos etc. Mientras, el consumo en medicamentos ha seguido en incremento por muchos motivos; pero principalmente porque estamos en una sociedad cada vez más longeva, con más achaques y nos desenvolvemos en un mundo en el que cada vez hay más inventos y principios activos. Lo lógico es que cada vez haya más consumo: antidepresivos, anticatarrales, pomadas, antiinflamatorios, etc. Y resulta obvio que si se pretende no ya una estabilización, sino un descenso en el gasto la cobertura forzosamente va a empeorar (más exclusiones y, como veremos, aparición del copago y otras medidas).

Los políticos son plenamente conscientes de que están empeorando la cobertura y, a la vez que lo hacen, pretenden hacernos creer que ésta sigue incólume.

Después de negar Rajoy y todo el PP en reiteradas ocasiones que no aprobarían el copago, lo aprobaron pasando a engrosar la ya abultada lista de incumplimientos de programa. Como digo, ya habían aprobado los socialistas decretos con largas listas de exclusiones y tenían previsto establecer la receta electrónica para racionalizar el uso de los medicamentos. Pero les faltó tiempo a los populares para anunciar unas nuevas y funestas medidas a través de la balbuceante Ana Mato. Sacaron a través de un apresurado Real Decreto – Ley, que entró en vigor en julio un sistema demencial de aportación de los pacientes al precio de os medicamentos, en el que se distingue si éstos son pensionistas y por niveles de renta. Para la clasificación de los beneficiarios el sistema de salud de la respectiva comunidad autónoma – (aunque parezca mentira, seguimos teniendo 17 sistemas diferentes) -  tenía que obtener los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Agencia de la Administración Estatal Tributaria. Según el tipo de sujeto incluido (TSI) el sistema establecía aportaciones distintas y unas limitaciones por mes. Cuando se alcanza el límite por periodo, la farmacia debe cobrar al paciente otra vez el precio normal sin descontarle la aportación, lo que constituye un lío tremendo obligando a la gente a esperar colas para ser atendido, mientras se calcula y cumplimenta el ticket a la carta de cada cliente. En el caso de la comunidad de Madrid, el paciente trae de su ambulatorio una hoja de racionamiento en la que se van consignando los medicamentos consumidos cada mes para controlar la limitación en la aplicación del copago de aportación. El paciente está indignado, no solo porque le obligan a pagar parte de lo que antes era gratis total, sino también porque ahora ha de sufrir esperas y trámites latosos para obtener los medicamentos. El farmacéutico cuya única culpa es vivir de un negocio intervenido, ahora ha de soportar las quejas de los pacientes, aguantarse por el descenso en el consumo y por si fuera poco, ha de asumir tareas administrativas hasta hace poco impensables, en unos procedimientos que no están lo suficientemente madurados y que parecen más propios de países tercermundistas.

Pero lo más increíble de todo es que para pillar cacho en este sector (porque recordémoslo, todas las administraciones están caninas), están  ahora rivalizando la administración estatal con la autonómica. En el caso de Madrid, se acaba de aprobar, con efectos de 01/01/2013 la aplicación de una nueva tasa de 1 euro por receta. Lo inaudito es que el PP nacional no está de acuerdo - o eso dice, simulando ante la ciudadanía – y anuncia la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la medida. Claro que, igual que hizo el PSOE con la famosa sentencia del Estatut, también pueden controlar al Tribunal para que dicte sentencia aparentemente contraria a lo que oficialmente sostienen. Rajoy ha dicho públicamente que el euro por receta es una invasión competencial de las comunidades autónomas, dadas las competencias exclusivas del Estado central en la legislación sobre medicamentos. Pero lo increíble es que en Madrid quien ha sacado adelante la medida es de su propio partido político. ¿Por qué Ignacio González no obedece a Rajoy? Puede ser que sepa algo que los demás desconocemos y que le conste que Rajoy habla con la boca pequeña. En todo caso se le ha visto muy tranquilo para sacar adelante la medida, que es nefasta en todos los sentidos.  

En primer lugar es una gran mentira: La comunidad de Madrid ha insistido que no se busca la recaudación de ingresos, cuando es obvio que la única causa es la voracidad recaudatoria para sanear las arcas de la Comunidad. Nunca ha preocupado a los gobernantes de Madrid la racionalidad en el uso de los medicamentos ni si los pacientes tenían botiquines o no de medicamentos acumulados en sus domicilios. Ahora parecen mostrar una gran preocupación, coincidente con la crisis y la bajada de sus ingresos.

En segundo lugar, también es mentira porque para sortear la reserva competencial del Estado central sobre la fijación de precios en los medicamentos, se alega que el cobro del euro por receta es en concepto de tasa por los servicios administrativos prestados por la comunidad: Esto es ya rizar el rizo de la desfachatez y la sinvergonzonería ¿De qué servicio hablan? ¿Del que le está tocando prestar a los farmacéuticos, como si fueran funcionarios de la Administración? ¿Quién está informando, quién está haciendo los equilibrismos con los precios, quién está atendiendo al público?

La gente no sabe que la propia comunidad de Madrid ha distribuido un modelo en el que permite la insumisión (aunque se reserva la facultad de reclamar al insumiso el euro por receta). El problema es que la tramitación de ese modelo supone rellenarlo en el acto por triplicado en la farmacia y luego debe acompañarse “con un clip” a la receta que se envía a sanidad, para su cobro. Este procedimiento, que viene a sumarse a las ya aludidas dificultades de aplicación del copago ha hecho de la atención al paciente en las farmacias una auténtica pesadilla. ¡Son todos unos sinvergüenzas!