Quien quiere favorecer una gestión privada es natural que vaya por ahí denostando lo público. El Sistema Español de Seguridad Social ha sido modélico y muy difícil de denostar; sencillamente no había argumentos. Estaba bien administrado y todavía no era víctima de los desequilibrios ocasionados por agentes externos irresponsables (los políticos de turno).
¿cuáles han sido esos desequilibrios? Por una lado la forma de encarar la crisis y el desempleo espectacular (que hay en España y menos en otros países) y por otra parte el espectacular crecimiento de la inmigración que ha ocasionado un incremento del gasto, no en pensiones, pero sí en otros conceptos, impidiendo destinarlo a las pensiones.
Es previsible, por otra parte, algo que no se puede evitar y que, por fortuna es un signo de desarrollo de la sociedad: La mayor esperanza de vida. El promedio de años vividos entre la población de nuestro país es cada vez mayor y este factor hace temer a nuestros administradores que con el sistema de reparto actual no será posible financiar las pensiones y demás prestaciones deol sistema.
Incluso admitiendo que se vaya a producir un desequilibrio, aplicando el sistema actual de reparto, en virtud del cual los activos no van a poder financiar a los pensionistas, este sistema puede ser cambiado añadiendo aportaciones finalistas de los Presupuestos Generales del Estado. No hay nada que obligue a que la financiación se haga exclusivamente con cargo a las cotizaciones. Pero nos están haciendo creer lo contrario: En primer lugar se acude al argumento de la sostenibilidad para esquilmarnos a los activos (futuros pensionistas) nuestros derechos adquiridos, alargándonos la edad de jubilación e implantando la posibilidad de reducir y/o no actualizar la pensión.
En sentido contrario, el Fondo de reserva constituido cuando ha habido superávit, se ha destinado a financiar otras cosas: Ahí sí que han podido permeabilizarse las partidas presupuestarias.
Ahora resulta que nos van a recortar por otro lado más nuestros futuros derechos: Ya son más años de cotización, eliminación de topes másximos en la cotización permitiendo unas mayores cuotas que no van a tener un reflejo en mayores prestaciones (porque los topes de éstas sí que se mantienen incólumes), ampliación de la edad de jubilación para estar más años activos aunque no haya trabajo (esto es: cotizando y no cobrando, que es lo que les importa) y ahora la última amenaza reducción progresiva de las cuantías por falta de actualización conforme al IPC. Debe tenerse en cuenta que cualquier actualización que resulte inferior a la evolución del IPC ya es una reducción consolidada para los años siguientes. Es lo que ha pasado con el sueldo de los funcionarios y también pasará con las pensiones.
¿Y quién gana con todo esto? En primer lugar los autores del pretendidamente neutral y técnico informe de expertos que pertenecen a las empresas que van a resultar beneficiarias de los planes privados de pensiones que se vayan constituyendo. La historia no es nueva. Lo llevan intentando desde hace mucho tiempo. El problema para ellos es que el sistema funcionaba y no encontraban demanda. Ahora resulta que esa demanda hay que buscarla, aunque sea forzosamente. ¿Y cómo se consigue? Gracias a la complicidad de los políticos corruptos que pondrán en sus manos el negocio, haciendo las adaptaciones legislativas necesarias y naturalmente recibirán a cambio la oportuna recompensa. Luego estos mismos políticos son los que ganan en segundo lugar.
Es así de crudo.
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